Un inventario para tener en cuenta a la hora de votar
Un informe especial recorre los problemas políticos, sociales y económicos que acumula la ciudad de Buenos Aires. Falta de inversión en infraestructura y subejecución presupuestaria, a la cabeza de la lista.
Empezó la cuenta regresiva en la ciudad. Aunque difícilmente termine el próximo domingo 10 de julio, cuando los porteños se acerquen a las escuelas para definir su voto a jefe de gobierno, legisladores y comuneros. Las encuestas, para la instancia principal, auguran una segunda vuelta. Ni Mauricio Macri, ni Daniel Filmus, ni Fernando “Pino” Solanas –los tres con proyecciones más altas– superan la barrera porcentual que les asegure una victoria rotunda. Habrá que esperar hasta el 31 del mismo mes para conocer quién se hará cargo del sillón de mando en Bolívar 1. O, mejor dicho, quién será el gran heredero de una serie de deudas que acumula la gestión pública y que, hasta ahora, nadie logró saldar.La problemática de la vivienda tuvo su eclosión a finales del año pasado, cuando la toma del Parque Indoamericano visibilizó la tragedia: más de 500 mil personas eran víctimas del déficit habitacional porteño (13,7 por ciento del total de habitantes). Según el informe “Buenos Aires sin Techo. La ausencia de políticas de acceso a la vivienda: una violación a los derechos humanos”, elaborado por la Comisión de Vivienda de la Legislatura, el número se divide entre aquellos que están en situación de calle, en villas de emergencia y asentamientos precarios, en hoteles e inquilinatos de la ciudad, en conventillos y pensiones, en conjuntos urbanos construidos o núcleos habitacionales transitorios. El nivel de hacinamiento aumenta año tras año y se concentra en determinadas comunas –siempre las más pobres–, con el correlato de otros derechos insatisfechos que suele acompañar a quienes padecen este tipo de condiciones.
Un dato, sin embargo, resulta aún más escalofriante: mientras en 2007 el presupuesto destinado a esta cuestión era 3,4 por ciento del total, en 2010 ese número descendió al 2,4 por ciento. Para una realidad tan compleja, el ajuste resulta, cuanto menos, preocupante. Y más cuando el análisis sobre los instrumentos institucionales con los cuales podría mejorarse esa realidad también revela que están prácticamente abandonados. Por mencionar algunos:
- El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), que tiene entre sus competencias la construcción y el mejoramiento de viviendas, fue desfinanciado –en 2010, su presupuesto se redujo un 40 por ciento– y registró el año pasado una marcada subejecución presupuestaria, efectivizando apenas el 56 por ciento del dinero disponible (232 millones de pesos sobre 415 millones vigentes).
- La Corporación Buenos Aires Sur –que, como sociedad estatal, se creó en agosto de 2000 para potenciar el desarrollo humano, económico y urbano de la zona– recibió del IVC la competencia para urbanizar las villas. Hacia allí fue transferido el Programa de Vivienda en Villas, el más importante en términos presupuestarios para la ciudad. Sin embargo, el organismo –que no se somete a control legislativo– construyó apenas 33 viviendas en 2009, y en 2010, con una previsión de entrega de 926 –más la construcción de otras 680–, no puso en marcha ninguna.
Al igual que el acceso a una vivienda digna, la cuestión del transporte y la movilidad configura un conflicto irresuelto en la ciudad. Ya en 2007 Macri aseguraba: “Hay que ser idiota para no construir 10 kilómetros de subtes por año y solucionarle el problema a la gente”. Semanas atrás, la candidata de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, reflexionó: “Habría que preguntarle a Macri si es idiota”. Más allá de la respuesta que cada cual quiera dar sobre el conflicto, lo cierto es que la extensión de la red subterránea no sumó kilometrajes –el año pasado sólo se inauguró la estación Corrientes, de la línea H, obra iniciada durante la gestión de Jorge Telerman– y el caos vehicular porteño no tuvo solución alguna. Todo un problema para una ciudad que tiene en circulación dos millones de vehículos por día y donde 1,5 millones de personas utilizan el subte para movilizarse. Comprender esta cuestión resulta central, tal como explicó Miguel von Rozenberg, director del Ente Regulador de los Servicios de la Ciudad, quien apuntó que “el subte brinda mayor capacidad de transporte y no afecta la circulación vial, a diferencia de otros modos de transporte masivo”. Una concepción que, al menos el último año, no se tuvo en cuenta: el gobierno porteño colocó los bonos Tango en el exterior para financiar la extensión de subtes pero, sin planes ni licitaciones en carpeta, terminó destinando parte de esos recursos a otras áreas de la administración.
La reciente puesta en funcionamiento del Metrobus, sobre la avenida Juan B. Justo, tampoco saldó la deuda pendiente de la movilidad sustentable. Con colectivos en lugar de tranvías, el corredor no conecta con los principales centros de trasbordo de la ciudad –el mismo inconveniente que presentan las bicisendas, que sólo cubren 40 kilómetros– y se convirtió, simplemente, en un carril exclusivo para un tipo de transporte público que incrementa los niveles de contaminación del aire y el ruido.
Claro, la onda verde no llegó a Buenos Aires. Ni con los colectivos ni con la basura. Desde su sanción en 2005, la ley 1854, de Basura Cero, duerme a la espera de su aplicación efectiva. El objetivo de la norma preveía el establecimiento de un programa de reducción progresiva de residuos sólidos urbanos, en un distrito que produce alrededor de seis mil toneladas diarias. No pudo ser: la implementación de procesos de reciclado se diluyó en promesas, los contenedores diferenciados –y su recolección– se tradujeron en una experiencia fallida, los porteños aumentaron su producción de residuos en un 14 por ciento, en 2010, y los desechos continúan trasladándose a distintos rellenos sanitarios ubicados fuera de los límites de la ciudad. En el Pro, el amarillo ganó la guerra de colores: el Ministerio de Medio Ambiente se fusionó con el de Espacio Público y los problemas del área recayeron en la Agencia de Protección Ambiental. A contramano, los negocios con las empresas recolectoras funcionaron de forma más aceitada. O, como definió el legislador Martín Hourest, de modo escandaloso: “Si comparamos el costo del servicio por habitante con otras ciudades del país –explicó–, es posible comprobar que el precio por habitante en la ciudad triplica al de Santa Fe, Córdoba y Rosario. Un absurdo”. Una deuda pendiente.
Cualquiera que repase la Constitución porteña podría comprobar la burla medioambiental. Con un capítulo exclusivo dedicado a la temática, la norma entiende al ambiente como patrimonio común y determina que “toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras”. A ello le agrega la decisión de instrumentar un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueva, entre otras cosas, la preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales, de sus recursos naturales, de su patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora, y la protección, saneamiento, control de la contaminación y mantenimiento de las áreas costeras del Río de la Plata y de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas hídricas y de los acuíferos. Aunque usted no lo crea. Y lo bien que hace: la implementación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, por parte de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), continúa pendiente en la agenda porteña, sin avances a la vista ni intenciones concretas y efectivas que apunten a recuperar la calidad de un cauce de agua lindante con diversos barrios de la ciudad. Algo similar a lo que sucede con las obras que deberían solucionar las inundaciones en el distrito. La más importante, que afecta a la cuenca del arroyo Maldonado, todavía no fue completada e incluso, hoy en día, involucra a diversas empresas vinculadas con la familia Macri.
Pero la sala de espera también explota con otros problemas. Como la falta de inversión, la infraestructura precaria o la baja calidad de la atención en los servicios de educación y salud. Para entenderlo mejor, algunos ejemplos:
- La toma de colegios disparó uno de los grandes debates de 2010. Por entonces, Macri expresó públicamente: “¿Cuánto tiempo llevan? ¿Un mes? No puedo cambiar mi agenda para atender ese problema, menos aún cuando no estoy de acuerdo”. Si el método de protesta no era compartido, al menos hubiera sido correcto que el Ministerio de Educación porteño escuchara rápidamente los reclamos de padres, alumnos y maestros. Resultó más problemático de lo pensado. La falta de gas y calefacción, los cielorrasos caídos, los predios enteros de escuelas medias se reflejaron abandonados y el ministro Esteban Bullrich prometió la ejecución de un plan de obras que no se puso en marcha. A finales de 2010, los recursos en infraestructura y equipamiento registraron una subejecución del 45 por ciento y los estudiantes volvieron a tomar algunos colegios este año, como los normales 4 y 10 o el Lenguas Vivas.
- El combo educativo porteño se completa con la promoción de las escuelas privadas en desmedro de las públicas (por caso, los recursos asignados a los privados crecieron más del 88 por ciento desde el año 2007). Además, la inauguración de nuevos establecimientos públicos fue mínima e incluso se pusieron en venta otros ya existentes, sólo con el objeto de acrecentar las arcas del gobierno.
- La misma desidia de gestión sufre la cuestión de la salud. El caso del Hospital Borda, que lleva 75 días sin gas –además de contar con un alto número de vidrios rotos y escasez de mantas y frazadas para los internos, según denunció la Defensoría del Pueblo de la Nación–, es un botón de muestra de una realidad escalofriante. El presupuesto porteño destina menos del 2 por ciento del total para la infraestructura en salud y sólo el 7 por ciento de esos recursos se orienta a la atención primaria.
- A ello podría agregarse la escasa construcción de centros de salud y atención comunitaria –el hospital de Lugano, otro hito de la ciudad, continúa siendo una ilusión– y las denuncias que recaen sobre la compra de insumos, referidas a falta de distribución o el pago de sobreprecios.
Buenos Aires no está buena. Tampoco segura. Luego de años de reclamar la transferencia de la Policía Federal, la aparición de la Policía Metropolitana –previa modificación de la Ley Cafiero, en el Congreso, y la aprobación de su creación por parte de la Legislatura porteña– tiñó con más conflictos una situación que acumula años e incumplimientos. Lejos de configurar una fuerza comunitaria cercana a los vecinos, la designación de funcionarios con antecedentes penales e implicados en violaciones a los derechos humanos, como el caso de Jorge “Fino” Palacios –implicado en la causa AMIA– que fue designado al frente de la Metropolitana; la construcción de un andamiaje de espionaje sobre opositores políticos, y la compra de armas paralizantes que simulan el efecto de una picana, conformaron un esquema de seguridad repleto de fisuras y cuestionamientos.
La historia de la ciudad, su inspiración europea, su crecimiento y desarrollo, su condición de capital de la Argentina, su impronta, permiten imaginar que el potencial de la ciudad de Buenos Aires es más grande que sus deudas pendientes. Habrá que tenerlo en cuenta a la hora de elegir el próximo jefe de gobierno.
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