Trece derrumbes y cuatro muertos en un año. El negocio de la construcción en la ciudad. Los vínculos de la UCR con el Pro. Enrique García Espil, un funcionario que hizo votar normas a su medida y luego pasó del otro lado del mostrador.
Para algunos son “la banda de los arquitectos”; para otros, “los sojeros de Buenos Aires”. Pero, ¿de quiénes hablan políticos y constructores cuando los mencionan? ¿Son un grupo consolidado o un fenómeno incipiente? El derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre al 1200 que provocó una muerte y dejó cientos de damnificados el pasado 4 de noviembre, sumado a otros doce hechos similares registrados en un año en la ciudad de Buenos Aires con otras cuatro víctimas fatales que lamentar, obligaron a poner el foco en las causas de semejante desastre. La falta de inspecciones durante la excavación debido a la reglamentación pendiente de la ley 3.562, así como la responsabilidad de las autoridades porteñas que obviaron la recomendación de controlar la etapa de submuración ante la presencia de dos edificios antiguos lindantes, surgen como errores imperdonables que podrían haberse evitado. Sin embargo, apenas se indaga un poco, el contexto legal en el que se produjeron los derrumbes se revela endeble. Un Código de Planeamiento Urbano modificado a medida de los constructores, una Ley de Impacto Ambiental a la que se le suprimió un artículo nodal y la existencia de una “corporación” de arquitectos en la que radicales y macristas tienen un rol protagónico, aparecen como razones propiciatorias del descontrol. Apenas se rasca un poco el fondo de la olla, asoman unos pocos nombres de peso y la Sociedad Central de Arquitectos que actúa como faro. “Los delarruistas cerraron filas con los macristas y con sectores corporativos vinculados a la construcción”, confirmó a Veintitrés el legislador porteño y ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra.
La llamada “banda de los arquitectos” existe antes del boom constructor que crece a ritmo sostenido en la ciudad. Según los últimos datos que publicó el Indec, la construcción creció 11,5% en agosto de la mano del sector privado. Los edificios destinados a vivienda aportaron el 49,7% del aumento de la actividad, mientras que los construidos para otros destinos explicaron alrededor de un 25% del crecimiento. Según relevó esta revista, la “banda” la comandan alternativamente radicales y macristas aun antes del desembarco de Mauricio Macri. Tras el triunfo del ex presidente de Boca en el distrito, “se consolidó como un grupo donde la política está al servicio de los negocios inmobiliarios”. Estos emprendedores del hormigón se parecen a los productores de soja. “Algunos empresarios agropecuarios plantan soja, sacan la renta directa y se van. En la ciudad ‘la banda de los arquitectos’ hace lo mismo al explotar al tope el valor de un terreno construyendo la mayor cantidad de viviendas posible para venderlas al máximo de rentabilidad”, compararon las fuentes.
“Es una acción corporativa” la que despliega en la ciudad la Sociedad Central de Arquitectos, presidida por el radical Enrique García Espil, en conexión con las grandes constructoras y con las autoridades del área designadas por el Ejecutivo porteño, afirmó en diálogo con Veintitrés Marcelo Vensentini, ex presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura durante la gestión de Aníbal Ibarra y actual asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación. Casualmente del otro lado del mostrador, el encargado de direccionar las políticas de Planeamiento Urbano es Daniel Chain, hombre de confianza de Macri, ex Socma y arquitecto. “Toda la vida, el secretario de Planeamiento Urbano lo puso la Sociedad Central de Arquitectos. Lo pusieron a García Espil (en la administración de Fernando de la Rúa), después a Margarita Charriere (enfrentada con su antecesor, N. de la R.) y ahora a Chain”, enumeró Vensentini. El ex legislador confirmó que García Espil motorizó cambios en el Código de Planeamiento Urbano y en la Ley de Impacto Ambiental, cuando era secretario del área durante el gobierno delarruista porteño, que permitieron excepciones y merma de controles en la autorización e inspección de obras en el distrito. Por estas horas, el kirchnerismo evalúa presentar un proyecto para reparar esas falencias.
Hubo dos momentos clave que prepararon el terreno (valga la figura) para que la corporación de la construcción pudiera sembrar de edificios la ciudad. Uno de ellos fue la modificación de Código de Planeamiento Urbano que se concretó durante la llamada “semana de las 100 leyes”. Durante esas jornadas deliberativas los legisladores salientes aprobaron a las apuradas más de 50 leyes antes de que Aníbal Ibarra asumiera la Jefatura de Gobierno, el 6 de agosto de 2000. Esa modificación al Código, fogoneada por García Espil, entonces secretario de Desarrollo Urbano de De la Rúa, y defendida en la Legislatura por el radical Rubén Campos, quien continúa como legislador, “puso en marcha los mecanismos que hoy generan gran parte de los problemas que está padeciendo la ciudad”. Por ejemplo, desde entonces se puede construir en alto en las avenidas, aunque atrás haya un barrio bajo. Esa decisión fue cambiando la fisonomía de la ciudad. Aunque la argumentación para modificar el Código fue de índole técnica, la verdadera razón –según las fuentes– fue económica, ya que el valor final de una propiedad sobre una avenida, con acceso directo a los medios de transporte, es muy superior al de otra en una calle periférica.
La otra norma que se modificó en 2000 fue la Ley de Impacto Ambiental (123). El artículo 12 de la norma calificaba como de mediano impacto la construcción de edificios y obligaba a confeccionar un informe del entorno antes de poner en marcha obras en altos. Esa ley se sancionó el 10/12/98, se promulgó el 19/1/99 y se reglamentó el 10/10/02, cuando fue derogado el artículo en cuestión por otra norma, la 452. La sanción de esa enmienda que elimina el artículo 12 fue una iniciativa que impulsó Campos en la Legislatura, pero que ordenó García Espil como secretario de Planeamiento Urbano. Es sugerente comprobar, sólo contrastando fechas, que esta “corrección” se sancionó el 2/8/2000 y se promulgó el 5/9/2000, un día antes de que asuma Ibarra. Según los especialistas, si ese artículo no se hubiera eliminado, para autorizar la obra de Mitre al 1200 habría sido necesario evaluar la influencia de las vibraciones de los subtes que atraviesan la zona y el estado de las propiedades linderas.
Según Vensentini, la directriz de esta “corporación” fue y es “creer que el futuro urbanístico depende de ellos”. Con esa matriz ideológica, el grupo –liderado por el entonces decano de la Facultad de Arquitectura Berardo Dujovne– impulsó las modificaciones al Código y la sanción de la ley 452. Con representantes a ambos lados del mostrador controlan el negocio de los ladrillos.
Las conexiones del macrismo y el radicalismo en el negocio no se limitan a García Espil y a Chain. También incluyen al subsecretario de Planeamiento Urbano, el arquitecto Héctor Lostri, hombre cercano a García Espil, quien antes de ser funcionario del Pro encabezó la Dirección de Interpretación Urbanística que, lejos de ser una dependencia vinculada al psicoanálisis, se encargaba y se encarga (hoy con otro nombre) de aprobar excepciones. Esos permisos se otorgan tras interpretar el Código vigente. Por ejemplo, para construir en altura donde no está permitido y para demoler construcciones antiguas. La designación de Lostri en 2007 fue objetada por Ibarra porque pesaba sobre el arquitecto un procesamiento judicial por el supuesto acceso irregular a reformas en un instituto de menores. También la Dirección General de Control de Obras y Catastro es una dependencia colmada de radicales que manejan “a discreción” los tiempos de inscripción y autorización de planos.
La frutilla que remata las conexiones son los negocios entre García Espil y Nicolás Caputo, el empresario de la construcción amigo de Macri que participa de las discusiones de la “mesa chica” del gobierno porteño. En 2000, al mismo tiempo que motorizaba los cambios en el Código de Planeamiento Urbano, García Espil se asoció con Caputo S.A. para construir la planta impresora del diario La Nación en Barracas. La constructora LEQ, de la que es socio García Espil, también desarrolló la planta impresora de AGR en Pompeya.
Al ser consultado por diarioz.com.ar tras el derrumbe del edificio de Mitre al 1200, García Espil negó que falte legislación para controlar las obras. “Legislación hay. Falta definir si falló el control, la manera en que se trabajó o si fue un problema del tipo de suelo. Esto no se resuelve con legislación, la legislación exige determinada cantidad de documentación que está bien que exija, pero es como si empezara a haber problemas en los quirófanos y de repente empezaran a morir muchas personas: es un problema de cómo se están haciendo las prácticas”, respondió en sospechosa sintonía con el discurso mediático que desplegó el macrismo tras el derrumbe.
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