Constitución de la CABA

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Texto Completo

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO PRIMERO - PRINCIPIOS

ARTÍCULO 1º.- La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitución

Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y adopta para su gobierno

la forma republicana y representativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se suprimen en los actos

y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados.

La Ciudad ejerce todo el poder no conferido por la Constitución Nacional al Gobierno Federal.

ARTÍCULO 2º.- La Ciudad de Buenos Aires se denomina de este modo o como "Ciudad Autónoma de Buenos  Aires".

ARTÍCULO 3º.- Mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital de la República, su Gobierno coopera con

las autoridades federales que residen en su territorio para el pleno ejercicio de sus poderes y funciones.

Los legisladores y funcionarios de las Provincias argentinas gozan en el territorio de la Ciudad de las

mismas inmunidades e indemnidades que la presente Constitución otorga a los de su Gobierno.

ARTÍCULO 4º.- Esta Constitución mantiene su imperio aún cuando se interrumpa o pretendiese interrumpir

su observancia por acto de fuerza contra el orden institucional o el sistema democrático o se prolonguen

funciones o poderes violando su texto. Estos actos y los que realicen los que usurpen o prolonguen

funciones, son insanablemente nulos. Quienes en ellos incurren quedan sujetos a inhabilitación absoluta y

perpetua para ocupar cargos públicos y están excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de

penas. Es deber de las autoridades ejercer las acciones penales y civiles contra ellos y las de recupero por

todo cuanto la Ciudad deba pagar como consecuencia de sus actos.

Todos los ciudadanos tienen derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza

enunciados en este artículo.

ARTÍCULO 5º.- Las obligaciones contraídas por una intervención federal sólo obligan a la Ciudad cuando su

fuente sean actos jurídicos conforme a esta Constitución y a las leyes de la Ciudad. Los magistrados,

funcionarios y empleados nombrados por una intervención federal, cesan automáticamente a los sesenta

días de asumir las autoridades electas, salvo confirmación o nuevo nombramiento de estas.

ARTÍCULO 6º.- Las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del

Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y

judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los

artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 7º.- El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.

CAPÍTULO SEGUNDO - LÍMITES Y RECURSOS

ARTÍCULO 8º.- Los límites territoriales de la Ciudad de Buenos Aires son los que históricamente y por

derecho le corresponden conforme a las leyes y decretos nacionales vigentes a la fecha. Se declara que la

Ciudad de Buenos Aires es corribereña del Río de la Plata y del Riachuelo, los cuales constituyen en el

área de su jurisdicción bienes de su dominio público. Tiene el derecho a la utilización equitativa y

razonable de sus aguas y de los demás recursos naturales del río, su lecho y subsuelo, sujeto a la

obligación de no causar perjuicio sensible a los demás corribereños. Sus derechos no pueden ser turbados

por el uso que hagan otros corribereños de los ríos y sus recursos. Todo ello, sin perjuicio de las normas

de derecho internacional aplicables al Río de la Plata y con los alcances del artículo 129 de la Constitución Nacional. La Ciudad tiene el dominio inalienable e imprescriptible de sus recursos naturales y acuerda con otras jurisdicciones el aprovechamiento racional de todos los que fueran compartidos. En su carácter de corribereña del Río de la Plata y del Riachuelo, la Ciudad tiene plena jurisdicción sobre todas las formaciones insulares aledañas a sus costas, con los alcances permitidos por el Tratado del Río de la Plata. Serán consideradas como reservas naturales para preservar la flora y la fauna de sus ecosistemas.

Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y

circulación.

El Puerto de Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad, que ejerce el control de sus instalaciones,

se encuentren o no concesionadas.

ARTÍCULO 9º.- Son recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

1. Los ingresos provenientes de los tributos que establece la Legislatura.

2. Los fondos de coparticipación federal que le correspondan.

3. Los provenientes de las contribuciones indirectas del artículo 75, inciso 2º., primer párrafo, de la

Constitución Nacional.

4. Los fondos reasignados con motivo de las transferencias de competencias, servicios y funciones, en los

términos del artículo 75, inciso 2deg., quinto párrafo de la Constitución Nacional.

5. Los ingresos provenientes de la venta, locación y cesión de bienes y servicios.

6. La recaudación obtenida en concepto de multas, cánones, contribuciones, derechos y participaciones.

7. Las contribuciones de mejoras por la realización de obras públicas que beneficien determinadas zonas.

8. Los ingresos por empréstitos, suscripción de títulos públicos y demás operaciones de crédito.

9. Las donaciones, legados, herencias vacantes y subsidios.

10. Los ingresos por la explotación de juegos de azar, de apuestas mutuas y de destreza.

11. Los ingresos provenientes de los acuerdos celebrados con la Nación, las Provincias, las regiones, las

municipalidades, los estados extranjeros y los organismos internacionales.

12. Los restantes que puedan integrar el tesoro de la Ciudad.

LIBRO PRIMERO DERECHOS, GARANTÍAS Y POLÍTICAS ESPECIALES

TÍTULO PRIMERO - DERECHOS Y GARANTÍAS

ARTÍCULO 10.- Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes

de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Estos y la presente Constitución

se interpretan de buena fe. Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o

insuficiencia de su reglamentación y esta no puede cercenarlos.

ARTÍCULO 11.- Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley.

Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admiténdose discriminaciones que tiendan a la

segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión,

ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier

circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo.

La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad

y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política,

económica o social de la comunidad.

ARTÍCULO 12.- La Ciudad garantiza:

1. El derecho a la identidad de las personas. Asegura su identificación en forma inmediata a su

nacimiento, con los métodos científicos y administrativos más eficientes y seguros. En ningún caso la

indocumentación de la madre es obstáculo para que se identifique al recién nacido. Debe facilitarse la

búsqueda e identificación de aquellos a quienes les hubiera sido suprimida o alterada su identidad.

Asegura el funcionamiento de organismos estatales que realicen pruebas inmunogenéticas para

determinar la filiación y de los encargados de resguardar dicha información.

2. El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y expresar sus opiniones

e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura.

3. El derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad como parte inviolable de la dignidad humana.

4. El principio de inviolabilidad de la libertad religiosa y de conciencia. A nadie se le puede requerir

declaración alguna sobre sus creencias religiosas, su opinión política o cualquier otra información

reservada a su ámbito privado o de conciencia.

5. La inviolabilidad de la propiedad. Ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de

sentencia fundada en ley. La expropiación deberá fundarse en causa de utilidad pública, la cual debe ser

calificada por ley y previamente indemnizada en su justo valor.

6. El acceso a la justicia de todos sus habitantes; en ningún caso puede limitarlo por razones económicas.

La ley establece un sistema de asistencia profesional gratuita y el beneficio de litigar sin gastos.

ARTÍCULO 13.- La Ciudad garantiza la libertad de sus habitantes como parte de la inviolable dignidad de

las personas. Los funcionarios se atienen estrictamente a las siguientes reglas:

1. Nadie puede ser privado de su libertad sin una orden escrita y fundada emanada de autoridad judicial

competente, salvo caso de flagrante delito con inmediata comunicación al juez.

2. Los documentos que acrediten identidad personal no pueden ser retenidos.

3. Rigen los principios de legalidad, determinación, inviolabilidad de la defensa en juicio, juez designado

por la ley antes del hecho de la causa, proporcionalidad, sistema acusatorio, doble instancia, inmediatez,

publicidad e imparcialidad. Son nulos los actos que vulneren garantías procesales y todas las pruebas que

se hubieren obtenido como resultado de los mismos.

4. Toda persona debe ser informada del motivo de su detención en el acto, así como también de los

derechos que le asisten.

5. Se prohiben las declaraciones de detenidos ante la autoridad policial.

6. Ningún detenido puede ser privado de comunicarse inmediatamente con quien considere.

7. Asegurar a todo detenido la alimentación, la higiene, el cubaje de aire, la privacidad, la salud, el

abrigo y la integridad psíquica, física y moral. Dispone las medidas pertinentes cuando se trate de

personas con necesidades especiales.

8. El allanamiento de domicilio, las escuchas telefónicas, el secuestro de papeles y correspondencia o

información personal almacenada, sólo pueden ser ordenados por el juez competente.

9. Se erradica de la legislación de la Ciudad y no puede establecerse en el futuro ninguna norma que

implique, expresa o tácitamente, peligrosidad sin delito, cualquier manifestación de derecho penal de

autor o sanción de acciones que no afecten derechos individuales ni colectivos.

10. Toda persona condenada por sentencia firme en virtud de error judicial tiene derecho a ser

indemnizada conforme a la ley.

11. En materia contravencional no rige la detención preventiva. En caso de hecho que produzca daño o

peligro que hiciere necesaria la aprehensión, la persona debe ser conducida directa e inmediatamente

ante el juez competente.

12. Cuando el contraventor, por su estado, no pudiere estar en libertad, debe ser derivado a un

establecimiento asistencial.

ARTÍCULO 14.- Toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no

exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de

particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o

ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados

internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y

los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte.

Están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o

intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en

que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la

seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del

consumidor.

El agotamiento de la vía administrativa no es requisito para su procedencia.

El procedimiento está desprovisto de formalidades procesales que afecten su operatividad. Todos los

plazos son breves y perentorios. Salvo temeridad o malicia, el accionante está exento de costas.

Los jueces pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u

omisión lesiva.

ARTÍCULO 15.- Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, en

cualquier situación y por cualquier motivo, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones

de detención, o en el de desaparición de personas, la acción de habeas corpus puede ser ejercida por el

afectado o por cualquiera en su favor y el juez debe resolver dentro de las veinticuatro horas, aún

durante la vigencia del estado de sitio. Puede declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en

que se funda el acto u omisión lesiva.

ARTÍCULO 16.- Toda persona tiene, mediante una acción de amparo, libre acceso a todo registro, archivo

o banco de datos que conste en organismos públicos o en los privados destinados a proveer informes, a fin

de conocer cualquier asiento sobre su persona, su fuente, origen, finalidad o uso que del mismo se haga.

También puede requerir su actualización, rectificación, confidencialidad o supresión, cuando esa

información lesione o restrinja algún derecho.

El ejercicio de este derecho no afecta el secreto de la fuente de información periodística.

TÍTULO SEGUNDO - POLÍTICAS ESPECIALES **

CAPÍTULO PRIMERO - DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 17.- La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza

y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades

básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores

posibilidades.

ARTÍCULO 18.- La Ciudad promueve el desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y compense

las desigualdades zonales dentro de su territorio.

ARTÍCULO 19.- El Consejo de Planeamiento Estratégico, de carácter consultivo, con iniciativa legislativa,

presidido por el Jefe de Gobierno e integrado por las instituciones y organizaciones sociales

representativas, del trabajo, la producción, religiosas, culturales, educativas y los partidos políticos,

articula su interacción con la sociedad civil, a fin de proponer periódicamente planes estratégicos

consensuados que ofrezcan fundamentos para las políticas de Estado, expresando los denominadores

comunes del conjunto de la sociedad. Sus integrantes se desempeñan honorariamente.

CAPÍTULO SEGUNDO - SALUD

ARTÍCULO 20.- Se garantiza el derecho a la salud integral que está directamente vinculada con la

satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente.

El gasto público en salud es una inversión social prioritaria. Se aseguran a través del área estatal de salud,

las acciones colectivas e individuales de promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación,

gratuitas, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad.

Se entiende por gratuidad en el área estatal que las personas quedan eximidas de cualquier forma de

pago directo. Rige la compensación económica de los servicios prestados a personas con cobertura social o

privada, por sus respectivas entidades. De igual modo se procede con otras jurisdicciones.

ARTÍCULO 21.- La Legislatura debe sancionar una Ley Básica de Salud, conforme a los siguientes

lineamientos:

1. La Ciudad conduce, controla y regula el sistema de salud. Financia el área estatal que es el eje de

dicho sistema y establece políticas de articulación y complementación con el sector privado y los

organismos de seguridad social.

2. El área estatal se organiza y desarrolla conforme a la estrategia de atención primaria, con la

constitución de redes y niveles de atención, jerarquizando el primer nivel.

3. Determina la articulación y complementación de las acciones para la salud con los municipios del

conurbano bonaerense para generar políticas que comprendan el área metropolitana; y concerta políticas

sanitarias con los gobiernos nacional, provinciales y municipales.

4. Promueve la maternidad y paternidad responsables. Para tal fin pone a disposición de las personas la

información, educación, métodos y prestaciones de servicios que garanticen sus derechos reproductivos.

5. Garantiza la atención integral del embarazo, parto, puerperio y de la niñez hasta el primer año de

vida, asegura su protección y asistencia integral, social y nutricional, promoviendo la lactancia materna,

propendiendo a su normal crecimiento y con especial dedicación hacia los núcleos poblacionales

carenciados y desprotegidos.

6. Reconoce a la tercera edad el derecho a una asistencia particularizada.

7. Garantiza la prevención de la discapacidad y la atención integral de personas con necesidades

especiales.

8. Previene las dependencias y el alcoholismo y asiste a quienes los padecen.

9. Promueve la descentralización en la gestión estatal de la salud dentro del marco de políticas generales,

sin afectar la unidad del sistema; la participación de la población; crea el Consejo General de Salud, de

carácter consultivo, no vinculante y honorario, con representación estatal y de la comunidad.

10. Desarrolla una política de medicamentos que garantiza eficacia, seguridad y acceso a toda la

población. Promueve el suministro gratuito de medicamentos básicos.

11. Incentiva la docencia e investigación en todas las áreas que comprendan las acciones de salud, en

vinculación con las universidades.

12. Las políticas de salud mental reconocerán la singularidad de los asistidos por su malestar psíquico y su

condición de sujetos de derecho, garantizando su atención en los establecimientos estatales. No tienen

como fin el control social y erradican el castigo; propenden a la desinstitucionalización progresiva,

creando una red de servicios y de protección social.

13. No se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas con o sin fines

de lucro, bajo ninguna forma de contratación que lesione los intereses del sector, ni delegarse en las

mismas las tareas de planificación o evaluación de los programas de salud que en él se desarrollen.

ARTÍCULO 22.- La Ciudad ejerce su función indelegable de autoridad sanitaria. Regula, habilita, fiscaliza y

controla todo el circuito de producción, comercialización y consumo de productos alimenticios,

medicamentos, tecnología médica, el ejercicio de las profesiones y la acreditación de los servicios de

salud y cualquier otro aspecto que tenga incidencia en ella. Coordina su actividad con otras

jurisdicciones.

CAPÍTULO TERCERO - EDUCACIÓN

ARTÍCULO 23.- La Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la

libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y

democrática.

Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso

del sistema educativo. Respeta el derecho individual de los educandos, de los padres o tutores, a la

elección de la orientación educativa según sus convicciones y preferencias.

Promueve el más alto nivel de calidad de la enseñanza y asegura políticas sociales complementarias que

posibiliten el efectivo ejercicio de aquellos derechos.

Establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles educativos.

La educación tiene un carácter esencialmente nacional con especial referencia a la Ciudad, favoreciendo

la integración con otras culturas.

ARTÍCULO 24.- La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación

pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días

de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de

escolaridad, o el período mayor que la legislación determine.

Organiza un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo

determine la ley de educación de la Ciudad, asegure la participación de la comunidad y la

democratización en la toma de decisiones.

Crea y reconoce, bajo su dependencia, institutos educativos con capacidad de otorgar títulos académicos

y habilitantes en todos los niveles.

Se responsabiliza por la formación y perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y

garantizar su jerarquización profesional y una retribución acorde con su función social.

Garantiza el derecho de las personas con necesidades especiales a educarse y ejercer tareas docentes,

promoviendo su integración en todos los niveles y modalidades del sistema.

Fomenta la vinculación de la educación con el sistema productivo, capacitando para la inserción y

reinserción laboral. Tiende a formar personas con conciencia crítica y capacidad de respuesta ante los

cambios científicos, tecnológicos y productivos.

Contempla la perspectiva de género.

Incorpora programas en materia de derechos humanos y educación sexual.

ARTÍCULO 25.- Las personas privadas y públicas no estatales que prestan servicio educativo se sujetan a

las pautas generales establecidas por el Estado, que acredita, evalúa, regula y controla su gestión, de

modo indelegable. La Ciudad puede realizar aportes al funcionamiento de establecimientos privados de

enseñanza, de acuerdo con los criterios que fije la ley, dando prioridad a las instituciones que reciban a

los alumnos de menores recursos.

Las partidas del presupuesto destinadas a educación no pueden ser orientadas a fines distintos a los que

fueron asignadas.

CAPÍTULO CUARTO - AMBIENTE

ARTÍCULO 26.- El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente

sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras.

Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño

ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer.

La Ciudad es territorio no nuclear. Se prohibe la producción de energía nucleoeléctrica y el ingreso, la

elaboración, el transporte y la tenencia de sustancias y residuos radiactivos. Se regula por reglamentación

especial y con control de autoridad competente, la gestión de las que sean requeridas para usos

biomedicinales, industriales o de investigación civil.

Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que

causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas.

ARTÍCULO 27.- La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del

ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su

inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental

participativo y permanente que promueve:

1. La preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales que son

de su dominio.

2. La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual

y sonora.

3. La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la

recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común.

4. La preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques

naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica.

5. La protección de la fauna urbana y el respeto por su vida: controla su salubridad, evita la crueldad y

controla su reproducción con métodos éticos.

6. La protección, saneamiento, control de la contaminación y mantenimiento de las áreas costeras del Río

de la Plata y de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas hídricas y de los acuíferos.

7. La regulación de los usos del suelo, la localización de las actividades y las condiciones de habitabilidad

y seguridad de todo espacio urbano, público y privado.

8. La provisión de los equipamientos comunitarios y de las infraestructuras de servicios según criterios de

equidad social.

9. La seguridad vial y peatonal, la calidad atmosférica y la eficiencia energética en el tránsito y el

transporte.

10. La regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, residuos y desechos,

que comporten riesgos.

11. El uso racional de materiales y energía en el desarrollo del hábitat.

12. Minimizar volúmenes y peligrosidad en la generación, transporte, tratamiento, recuperación y

disposición de residuos.

13. Un desarrollo productivo compatible con la calidad ambiental, el uso de tecnologías no contaminantes

y la disminución en la generación de residuos industriales.

14. La educación ambiental en todas las modalidades y niveles.

ARTÍCULO 28.- Para asegurar la calidad ambiental y proveer al proceso de ordenamiento territorial, se

establece:

1. La prohibición de ingreso a la Ciudad de los residuos y desechos peligrosos. Propicia mecanismos de

acuerdo con la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones, con el objeto de utilizar o crear plantas

de tratamiento y disposición final de los residuos industriales, peligrosos, patológicos y radiactivos que se

generen en su territorio.

2. La prohibición del ingreso y la utilización de métodos, productos, servicios o tecnologías no autorizados

o prohibidos en su país de producción, de patentamiento o de desarrollo original. La ley establecerá el

plazo de reconversión de los que estén actualmente autorizados.

ARTÍCULO 29.- La Ciudad define un Plan Urbano y Ambiental elaborado con participación transdisciplinaria

de las entidades académicas, profesionales y comunitarias aprobado con la mayoría prevista en el artículo

81, que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras

públicas.

ARTÍCULO 30.- Establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo

emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública.

CAPÍTULO QUINTO - HABITAT

ARTÍCULO 31.- La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello:

1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las

personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos.

2. Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración

urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la

regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva.

3. Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran

locaciones.

CAPÍTULO SEXTO - CULTURA

ARTÍCULO 32.- La ciudad distingue y promueve todas las actividades creadoras.

Garantiza la democracia cultural; asegura la libre expresión artística y prohibe toda censura; facilita el

acceso a los bienes culturales; fomenta el desarrollo de las industrias culturales del país; propicia el

intercambio; ejerce la defensa activa del idioma nacional; crea y preserva espacios; propicia la

superación de las barreras comunicacionales; impulsa la formación artística y artesanal; promueve la

capacitación profesional de los agentes culturales; procura la calidad y jerarquía de las producciones

artísticas e incentiva la actividad de los artistas nacionales; protege y difunde las manifestaciones de la

cultura popular; contempla la participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño

y la evaluación de las políticas; protege y difunde su identidad pluralista y multiétnica y sus tradiciones.

Esta Constitución garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera

sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios.

CAPÍTULO SEPTIMO - DEPORTE

ARTÍCULO 33.- La Ciudad promueve la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la

equiparación de oportunidades.

Sostiene centros deportivos de carácter gratuito y facilita la participación de sus deportistas, sean

convencionales o con necesidades especiales, en competencias nacionales e internacionales.

CAPÍTULO OCTAVO - SEGURIDAD

ARTÍCULO 34.- La seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y es ofrecido con

equidad a todos los habitantes.

El servicio estará a cargo de una policía de seguridad dependiente del Poder Ejecutivo, cuya organización

se ajusta a los siguientes principios:

1. El comportamiento del personal policial debe responder a las reglas éticas para funcionarios

encargados de hacer cumplir la ley, establecidas por la Organización de las Naciones Unidas.

2. La jerarquización profesional y salarial de la función policial y la garantía de estabilidad y de estricto

orden de méritos en los ascensos.

El Gobierno de la Ciudad coadyuva a la seguridad ciudadana desarrollando estrategias y políticas

multidisciplinarias de prevención del delito y la violencia, diseñando y facilitando los canales de

participación comunitaria.

ARTÍCULO 35.- Para cumplimentar las políticas señaladas en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo crea

un organismo encargado de elaborar los lineamientos generales en materia de seguridad, tendiente a

llevar a cabo las tareas de control de la actuación policial y el diseño de las acciones preventivas

necesarias.

El Poder Ejecutivo crea un Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, honorario y consultivo,

integrado por los representantes de los Poderes de la Ciudad y los demás organismos que determine la ley

respectiva y que pudiesen resultar de interés para su misión.

Es un órgano de consulta permanente del Poder Ejecutivo en las políticas de seguridad y preventivas.

CAPÍTULO NOVENO - IGUALDAD ENTRE VARONES Y MUJERES

ARTÍCULO 36.- La Ciudad garantiza en el ámbito público y promueve en el privado la igualdad real de

oportunidades y trato entre varones y mujeres en el acceso y goce de todos los derechos civiles, políticos,

económicos, sociales y culturales, a través de acciones positivas que permitan su ejercicio efectivo en

todos los ámbitos, organismos y niveles y que no serán inferiores a las vigentes al tiempo de sanción de

esta Constitución.

Los partidos políticos deben adoptar tales acciones para el acceso efectivo a cargos de conducción y al

manejo financiero, en todos los niveles y áreas.

Las listas de candidatos a cargos electivos no pueden incluir más del setenta por ciento de personas del

mismo sexo con probabilidades de resultar electas. Tampoco pueden incluir a tres personas de un mismo

sexo en orden consecutivo.

En la integración de los órganos colegiados compuestos por tres o más miembros, la Legislatura concede

acuerdos respetando el cupo previsto en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 37.- Se reconocen los derechos reproductivos y sexuales, libres de coerción y violencia, como

derechos humanos básicos, especialmente a decidir responsablemente sobre la procreación, el número de

hijos y el intervalo entre sus nacimientos.

Se garantiza la igualdad de derechos y responsabilidades de mujeres y varones como progenitores y se

promueve la protección integral de la familia.

ARTÍCULO 38.- La Ciudad incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución de sus políticas

públicas y elabora participativamente un plan de igualdad entre varones y mujeres.

Estimula la modificación de los patrones socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar

prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros; promueve que las

responsabilidades familiares sean compartidas; fomenta la plena integración de las mujeres a la actividad

productiva, las acciones positivas que garanticen la paridad en relación con el trabajo remunerado, la

eliminación de la segregación y de toda forma de discriminación por estado civil o maternidad; facilita a

las mujeres único sostén de hogar, el acceso a la vivienda, al empleo, al crédito y a los sistemas de

cobertura social; desarrolla políticas respecto de las niñas y adolescentes embarazadas, las ampara y

garantiza su permanencia en el sistema educativo; provee a la prevención de violencia física, psicológica

y sexual contra las mujeres y brinda servicios especializados de atención; ampara a las víctimas de la

explotación sexual y brinda servicios de atención; promueve la participación de las organizaciones no

gubernamentales dedicadas a las temáticas de las mujeres en el diseño de las políticas públicas.

CAPÍTULO DÉCIMO - NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ***

ARTÍCULO 39.- La Ciudad reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus derechos,

les garantiza su protección integral y deben ser informados, consultados y escuchados. Se respeta su

intimidad y privacidad. Cuando se hallen afectados o amenazados pueden por sí requerir intervención de

los organismos competentes.

Se otorga prioridad dentro de las políticas públicas, a las destinadas a las niñas, niños y adolescentes, las

que deben promover la contención en el núcleo familiar y asegurar:

1. La responsabilidad de la Ciudad respecto de los privados de su medio familiar, con cuidados

alternativos a la institucionalización.

2. El amparo a las víctimas de violencia y explotación sexual.

3. Las medidas para prevenir y eliminar su tráfico.

Una ley prevé la creación de un organismo especializado que promueva y articule las políticas para el

sector, que cuente con unidades descentralizadas que ejecuten acciones con criterios interdisciplinarios y

participación de los involucrados. Interviene necesariamente en las causas asistenciales.

CAPÍTULO UNDÉCIMO - JUVENTUD

ARTÍCULO 40.- La Ciudad garantiza a la juventud la igualdad real de oportunidades y el goce de sus

derechos a través de acciones positivas que faciliten su integral inserción política y social y aseguren,

mediante procedimientos directos y eficaces, su participación en las decisiones que afecten al conjunto

social o a su sector.

Promueve su acceso al empleo, vivienda, créditos y sistema de cobertura social.

Crea en el ámbito del Poder Ejecutivo y en las Comunas, áreas de gestión de políticas juveniles y asegura

la integración de los jóvenes.

Promueve la creación y facilita el funcionamiento del Consejo de la Juventud, de carácter consultivo,

honorario, plural e independiente de los poderes públicos.

CAPÍTULO DUODÉCIMO - PERSONAS MAYORES

ARTÍCULO 41.- La Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y el pleno

goce de sus derechos. Vela por su protección y por su integración económica y sociocultural, y promueve

la potencialidad de sus habilidades y experiencias. Para ello desarrolla políticas sociales que atienden sus

necesidades específicas y elevan su calidad de vida; las ampara frente a situaciones de desprotección y

brinda adecuado apoyo al grupo familiar para su cuidado, protección, seguridad y subsistencia; promueve

alternativas a la institucionalización.

CAPÍTULO DECIMOTERCERO - PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES

ARTÍCULO 42.- La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho a su plena

integración, a la información y a la equiparación de oportunidades.

Ejecuta políticas de promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación,

capacitación, educación e inserción social y laboral.

Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, comunicacionales,

sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo, y la

eliminación de las existentes.

CAPÍTULO DECIMOCUARTO - TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ARTÍCULO 43.- La Ciudad protege el trabajo en todas sus formas. Asegura al trabajador los derechos

establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los convenios ratificados y considera las

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La Ciudad provee a la formación

profesional y cultural de los trabajadores y procura la observancia de su derecho a la información y

consulta.

Garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad y capacitación de sus agentes, basado

en la idoneidad funcional. Se reconocen y organizan las carreras por especialidad a las que se ingresa y en

las que se promociona por concurso público abierto. Asegura un cupo del cinco por ciento del personal

para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en la forma que la ley

determine. En todo contrato de concesión de servicios o de transferencia de actividades al sector privado,

se preverá la aplicación estricta de esta disposición.

Reconoce a los trabajadores estatales el derecho de negociación colectiva y procedimientos imparciales

de solución de conflictos, todo según las normas que los regulen.

El tratamiento y la interpretación de las leyes laborales debe efectuarse conforme a los principios del

derecho del trabajo.

ARTÍCULO 44.- La Ciudad reafirma los principios y derechos de la seguridad social de la Constitución

Nacional y puede crear organismos de seguridad social para los empleados públicos. La ley no contempla

regímenes de privilegio.

Ejerce el poder de policía del trabajo en forma irrenunciable, e interviene en la solución de los conflictos

entre trabajadores y empleadores.

Genera políticas y emprendimientos destinados a la creación de empleo, teniendo en cuenta la

capacitación y promoción profesional con respeto de los derechos y demás garantías de los trabajadores.

ARTÍCULO 45.- El Consejo Económico y Social, integrado por asociaciones sindicales de trabajadores,

organizaciones empresariales, colegios profesionales y otras instituciones representativas de la vida

económica y social, presidido por un representante del Poder Ejecutivo, debe ser reglamentado por ley.

Tiene iniciativa parlamentaria.

CAPÍTULO DECIMOQUINTO - CONSUMIDORES Y USUARIOS

ARTÍCULO 46.- La Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su

relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten.

Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato

equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y

sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley

determine como inadecuadas.

Debe dictar una ley que regule la propaganda que pueda inducir a conductas adictivas o perjudiciales o

promover la automedicación.

Ejerce poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios comercializados en la

Ciudad, en especial en seguridad alimentaria y de medicamentos.

El Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos promueve mecanismos de participación de usuarios y

consumidores de servicios públicos de acuerdo a lo que reglamente la ley.

CAPÍTULO DECIMOSEXTO - COMUNICACIÓN****

ARTÍCULO 47.- La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emisores y medios de

comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna.

Garantiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios de difusión y

comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional de los periodistas.

El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución estatales mediante un ente

autárquico garantizando la integración al mismo de representantes del Poder Legislativo, respetando la

pluralidad política y la participación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la

comunicación social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar y

estimular la participación social.

CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO - ECONOMÍA, FINANZAS Y PRESUPUESTO

ARTÍCULO 48.- Es política de Estado que la actividad económica sirva al desarrollo de la persona y se

sustente en la justicia social.

La Ciudad promueve la iniciativa pública y la privada en la actividad económica en el marco de un sistema

que asegura el bienestar social y el desarrollo sostenible.

Las autoridades proveen a la defensa de la competencia contra toda actividad destinada a distorsionarla y

al control de los monopolios naturales y legales y de la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

Promueve el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, los emprendimientos cooperativos,

mutuales y otras formas de economía social, poniendo a su disposición instancias de asesoramiento,

contemplando la asistencia técnica y financiera.

ARTÍCULO 49.- El gobierno de la Ciudad diseña sus políticas de forma tal que la alta concentración de

actividades económicas, financieras y de servicios conexos, producidos en la Ciudad, concurra a la mejor

calidad de vida del conjunto de la Nación.

Los proveedores de bienes o servicios de producción nacional tienen prioridad en la atención de las

necesidades de los organismos oficiales de la Ciudad y de los concesionarios u operadores de bienes de

propiedad estatal, a igualdad de calidad y precio con las ofertas alternativas de bienes o servicios

importados. Una ley establece los recaudos normativos que garantizan la efectiva aplicación de este

principio, sin contrariar los acuerdos internacionales en los que la Nación es parte.

ARTÍCULO 50.- La Ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, no

siendo admitida la privatización o concesión salvo en lo que se refiera a agencias de distribución y

expendio. Su producido es destinado a la asistencia y al desarrollo social.

ARTÍCULO 51.- No hay tributo sin ley formal; es nula cualquier delegación explícita o implícita que de esta

facultad haga la Legislatura. La ley debe precisar la medida de la obligación tributaria.

El sistema tributario y las cargas públicas se basan en los principios de legalidad, irretroactividad,

igualdad, no confiscatoriedad, equidad, generalidad, solidaridad, capacidad contributiva y certeza.

Ningún tributo con afectación específica puede perdurar más tiempo que el necesario para el

cumplimiento de su objeto, ni lo recaudado por su concepto puede ser aplicado, ni siquiera de modo

precario, a un destino diferente a aquel para el que fue creado.

La responsabilidad sobre la recaudación de tributos, su supervisión o control de cualquier naturaleza, es

indelegable.

Los regímenes de promoción que otorguen beneficios impositivos o de otra índole, tienen carácter general

y objetivo.

El monto nominal de los tributos no puede disminuirse en beneficio de los morosos o deudores, una vez

que han vencido los plazos generales de cumplimiento de las obligaciones, sin la aprobación de la

Legislatura otorgada por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.

ARTÍCULO 52.- Se establece el carácter participativo del presupuesto. La ley debe fijar los procedimientos

de consulta sobre las prioridades de asignación de recursos.

ARTÍCULO 53.- El ejercicio financiero del sector público se extenderá desde el 1deg. de enero hasta el 31

de diciembre de cada año.

El proyecto de ley de presupuesto debe ser presentado ante el Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo,

antes del 30 de setiembre del año anterior al de su vigencia.

Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto, regirá hasta su aprobación

el que estuvo en vigencia el año anterior.

El presupuesto debe contener todos los gastos que demanden el desenvolvimiento de los órganos del

gobierno central, de los entes descentralizados y comunas, el servicio de la deuda pública, las inversiones

patrimoniales y los recursos para cubrir tales erogaciones.

La ley de presupuesto no puede contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar

leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros recursos.

Toda otra ley que disponga o autorice gastos, debe crear o prever el recurso correspondiente.

Los poderes públicos sólo pueden contraer obligaciones y realizar gastos de acuerdo con la ley de

presupuesto y las específicas que a tal efecto se dicten.

Toda operación de crédito público, interno o externo es autorizada por ley con determinación concreta de

su objetivo.

Todos los actos que impliquen administración de recursos son públicos y se difunden sin restricción. No

hay gastos reservados, secretos o análogos, cualquiera sea su denominación.

ARTÍCULO 54.- Los sistemas de administración financiera y gestión de gobierno de la Ciudad son fijados

por ley y son únicos para todos los poderes; deben propender a la descentralización de la ejecución

presupuestaria y a la mayor transparencia y eficacia en la gestión. La información financiera del gobierno

es integral, única, generada en tiempo oportuno y se publica en los plazos que la ley determina.

ARTÍCULO 55.- La Ciudad debe tener un sistema financiero establecido por ley cuya finalidad esencial es

canalizar el ahorro público y privado, con una política crediticia que promueva el crecimiento del empleo,

la equidad distributiva y la calidad de vida, priorizando la asistencia a la pequeña y mediana empresa y el

crédito social.

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires es banco oficial de la Ciudad, su agente financiero e instrumento

de política crediticia, para lo cual tiene plena autonomía de gestión.

La conducción de los organismos que conformen el sistema financiero se integra a propuesta del Poder

Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, que debe prestarse por mayoría absoluta.

CAPÍTULO DECIMOCTAVO - FUNCIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 56.- Los funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes autárquicos y

descentralizados, son responsables por los daños que ocasionan y por los actos u omisiones en que

incurrieran excediéndose en sus facultades legales. Deben presentar una declaración jurada de bienes al

momento de asumir el cargo y al tiempo de cesar.

ARTÍCULO 57.- Nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un

delito doloso en perjuicio de la administración pública.

El funcionario que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la administración, será separado

sin mas trámite.

CAPÍTULO DECIMONOVENO - CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ARTÍCULO 58.- El Estado promueve la investigación científica y la innovación tecnológica, garantizando su

difusión en todos los sectores de la sociedad, así como la cooperación con las empresas productivas.

Fomenta la vinculación con las Universidades Nacionales y otras Universidades con sede en la Ciudad. La

Universidad de Buenos Aires y demás Universidades Nacionales son consultoras preferenciales de la Ciudad

Autónoma.

Propicia la creación de un sistema de ciencia e innovación tecnológica coordinando con el orden

provincial, regional y nacional. Cuenta con el asesoramiento de un organismo consultivo con la

participación de todos los actores sociales involucrados.

Promueve las tareas de docencia vinculadas con la investigación, priorizando el interés y la aplicación

social. Estimula la formación de recursos humanos capacitados en todas las áreas de la ciencia.

CAPÍTULO VIGÉSIMO - TURISMO

ARTÍCULO 59.- La Ciudad promueve el turismo como factor de desarrollo económico, social y cultural.

Potencia el aprovechamiento de sus recursos e infraestructura turística en beneficio de sus habitantes,

procurando su integración con los visitantes de otras Provincias o países. Fomenta la explotación turística

con otras jurisdicciones y países, en especial los de la región.

LIBRO SEGUNDO GOBIERNO DE LA CIUDAD

TITULO PRIMERO - REFORMA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO 60.- La necesidad de reforma total o parcial de esta Constitución debe ser declarada por ley

aprobada por mayoría de dos tercios del total de los miembros de la Legislatura. Esta ley no puede ser

vetada por el Poder Ejecutivo. La reforma sólo puede realizarse por una Convención Constituyente

convocada al efecto.

La ley que declara la necesidad indica en forma expresa y taxativa los artículos a ser reformados, el plazo

de duración de la Convención Constituyente y la fecha de elección de los constituyentes.

TITULO SEGUNDO - DERECHOS POLITICOS Y PARTICIPACION CIUDADANA.

ARTÍCULO 61.- La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que son canales de expresión

de voluntad popular e intrumentos de participación, formulación de la política e integración de gobierno.

Se garantiza su libre creación y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su

competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión de sus ideas.

La Ciudad contribuye a su sostenimiento mediante un fondo partidario permanente. Los partidos políticos

destinan parte de los fondos públicos que reciben a actividades de capacitación e investigación. Deben

dar a publicidad el origen y destino de sus fondos y su patrimonio.

La ley establece los límites de gasto y duración de las campañas electorales. Durante el desarrollo de

estas el gobierno se abstiene de realizar propaganda institucional que tienda a inducir el voto.

ARTÍCULO 62.- La Ciudad garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía,

conforme a los principios republicano, democrático y representativo, según las leyes que reglamenten su

ejercicio.

El sufragio es libre, igual, secreto, universal, obligatorio y no acumulativo. Los extranjeros residentes

gozan de este derecho, con las obligaciones correlativas, en igualdad de condiciones que los ciudadanos

argentinos empadronados en este distrito, en los términos que establece la ley.

ARTÍCULO 63.- La Legislatura, el Poder Ejecutivo o las Comunas pueden convocar a audiencia pública para

debatir asuntos de interés general de la ciudad o zonal, la que debe realizarse con la presencia

inexcusable de los funcionarios competentes. La convocatoria es obligatoria cuando la iniciativa cuente

con la firma del medio por ciento del electorado de la Ciudad o zona en cuestión. También es obligatoria

antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano,

emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos.

ARTÍCULO 64.- El electorado de la Ciudad tiene derecho de iniciativa para la presentación de proyectos de

ley, para lo cual se debe contar con la firma del uno y medio por ciento del padrón electoral. Una vez

ingresados a la Legislatura, seguirán el trámite de sanción de las leyes previsto por esta Constitución.

La Legislatura debe sancionarlos o rechazarlos dentro del término de doce meses.

No son objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma de esta Constitución, tratados

internacionales, tributos y presupuesto.

ARTÍCULO 65.- El electorado puede ser consultado mediante referendum obligatorio y vinculante

destinado a la sanción, reforma o derogación de una norma de alcance general.

El Poder Legislativo convoca en virtud de ley que no puede ser vetada.

El Jefe de Gobierno debe convocar a referendum vinculante y obligatorio cuando la Legislatura no hubiera

tratado en el plazo establecido un proyecto de ley por procedimiento de iniciativa popular que cuente con

más del quince por ciento de firmas del total de inscriptos en el padrón de la Ciudad.

No pueden ser sometidas a referendum las materias excluídas del derecho de iniciativa, los tratados

interjurisdiccionales y las que requieran mayorías especiales para su aprobación.

ARTÍCULO 66.- La Legislatura, el Gobernador o la autoridad de la Comuna pueden convocar, dentro de sus

ámbitos territoriales, a consulta popular no vinculante sobre decisiones de sus respectivas competencias.

El sufragio no será obligatorio.

Quedan excluidas las materias que no pueden ser objeto de referendum, excepto la tributaria.

ARTÍCULO 67.- El electorado tiene derecho a requerir la revocación del mandato de los funcionarios

electivos fundándose en causas atinentes a su desempeño, impulsando una iniciativa con la firma del

veinte por ciento de los inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad o de la Comuna correspondiente.

El pedido de revocatoria no es admisible para quienes no hayan cumplido un año de mandato, ni para

aquellos a los que restaren menos de seis meses para la expiración del mismo.

El Tribunal Superior debe comprobar los extremos señalados y convocar a referendum de revocación

dentro de los noventa días de presentada la petición. Es de participación obligatoria y tiene efecto

vinculante si los votos favorables a la revocación superan el cincuenta por ciento de los inscriptos.

TITULO TERCERO - PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO PRIMERO - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 68.- El Poder Legislativo es ejercido por una Legislatura compuesta por sesenta diputados o

diputadas, cuyo número puede aumentarse en proporción al crecimiento de la población y por ley

aprobada por dos tercios de sus miembros, vigente a partir de los dos años de su sanción.

ARTÍCULO 69.- Los diputados se eligen por el voto directo no acumulativo conforme al sistema

proporcional.

Una ley sancionada con mayoría de los dos tercios de los miembros de la Legislatura debe establecer el

régimen electoral.

Los diputados duran cuatro años en sus funciones. Se renuevan en forma parcial cada dos años. Si fueren

reelectos no pueden ser elegidos para un nuevo período sino con el intervalo de cuatro años.

ARTÍCULO 70.- Para ser diputado se requiere:

1. Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En el último caso debe tener, como mínimo, cuatro

años de ejercicio de la ciudadanía.

2. Ser natural o tener residencia en la Ciudad, inmediata a la elección, no inferior a los cuatro años.

3. Ser mayor de edad.

ARTÍCULO 71.- La Presidencia de la Legislatura es ejercida por el Vicejefe de Gobierno, quien conduce los

debates, tiene iniciativa legislativa y vota en caso de empate. La Legislatura tiene un Vicepresidente

Primero, que es designado por la misma, quien ejerce su coordinación y administración, suple al Vicejefe

de Gobierno en su ausencia y desempeña todas las funciones que le asigna el reglamento.

ARTÍCULO 72.- No pueden ser elegidos diputados:

1. Los que no reúnan las condiciones para ser electores.

2. Las personas que están inhabilitadas para ocupar cargos públicos mientras dure la inhabilitación.

3. Los condenados por delito mientras no hayan cumplido todas sus penas.

4. Los condenados por crímenes de guerra contra la paz o contra la humanidad.

5. Los militares o integrantes de fuerzas de seguridad en actividad.

ARTÍCULO 73.- La función de diputado es incompatible con:

1. El ejercicio de cualquier empleo o función pública nacional, provincial, municipal o de la Ciudad, salvo

la investigación en organismos estatales y la docencia. La ley regula la excedencia en los cargos de

carrera.

2. Ser propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra función rectora, de

asesoramiento o el mandato de empresa que contrate con la Ciudad o sus entes autárquicos o

descentralizados. Para la actividad privada, esta incompatibilidad dura hasta dos años después de cesado

su mandato y su violación implica inhabilidad para desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad por

diez años.

3. Ejercer la abogacía o la procuración contra la Ciudad, salvo en causa propia.

ARTÍCULO 74.- La Legislatura se reúne en sesiones ordinarias desde el primero de marzo al quince de

diciembre de cada año.

La Legislatura puede ser convocada a sesiones extraordinarias, siempre que razones de gravedad lo

reclamen, por el Jefe de Gobierno, por su Presidente o a solicitud de un tercio de sus miembros.

Todas las sesiones de la Legislatura son públicas.

La Legislatura no entra en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros.

ARTÍCULO 75.- El presupuesto de la Legislatura para gastos corrientes de personal no podrá superar el uno

y medio por ciento del presupuesto total de la Ciudad. Vencido el primer mandato podrá modificarse ese

tope con mayoría calificada de dos tercios de los miembros con el procedimiento previsto en el artículo

90.

La remuneración de los legisladores se establece por ley y no puede ser superior a la que percibe el Jefe

de Gobierno.

ARTÍCULO 76.- La Legislatura organiza su personal en base a los siguientes principios: ingreso por concurso

público abierto, derecho a la carrera administrativa y a la estabilidad; tiene personal transitorio que

designan los diputados por un término que no excede el de su mandato; la remuneración de su personal la

establece por ley sancionada por los dos tercios del total de sus miembros.

ARTÍCULO 77.- La Legislatura de la Ciudad es juez exclusivo de los derechos y títulos de sus miembros.

En el acto de su incorporación, los diputados prestan juramento o compromiso de desempeñar

debidamente su cargo y de obrar en conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional y esta

Constitución.

ARTÍCULO 78.- Ningún diputado puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las

opiniones, discursos o votos que emita en el ejercicio de su función, desde el día de su elección hasta la

finalización de su mandato.

Los diputados no pueden ser arrestados desde el día de su elección y hasta el cese de su mandato, salvo

en caso de flagrante delito, lo que debe ser comunicado de inmediato a la Legislatura, con información

sumaria del hecho. La inmunidad de arresto no implica la de proceso, ni impide la coerción dispuesta por

juez competente para la realización de los actos procesales indispensables a su avance.

La inmunidad de arresto puede ser levantada, ante requerimiento judicial, con garantía de defensa, por

decisión de las dos terceras partes del total de los miembros de la Legislatura. La misma decisión se

puede tomar por mayoría simple a pedido del diputado involucrado.

ARTÍCULO 79.- La Legislatura, con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, puede

suspender o destituir a cualquier diputado, por inconducta grave en el ejercicio de sus funciones o

procesamiento firme por delito doloso de acción pública. En cualquier caso debe asegurarse el previo

ejercicio del derecho a defensa.

CAPÍTULO SEGUNDO - ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 80.- La Legislatura de la Ciudad:

1. Dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el ejercicio de los derechos, deberes y

garantías establecidos en la Constitución Nacional y en la presente y toma todas las decisiones previstas

en esta Constitución para poner en ejercicio los poderes y autoridades.

2. Legisla en materia:

a) Administrativa, fiscal, tributaria, de empleo y ética públicos, de bienes públicos, comunal y de

descentralización política y administrativa.

b) De educación, cultura, salud, medicamentos, ambiente y calidad de vida, promoción y seguridad

sociales, recreación y turismo.

c) De promoción, desarrollo económico y tecnológico y de política industrial.

d) Del ejercicio profesional, fomento del empleo y policía del trabajo.

e) De seguridad pública, policía y penitenciaría.

f) Considerada en los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional.

g) De comercialización, de abastecimiento y de defensa del usuario y consumidor.

h) De obras y servicios públicos, cementerios, transporte y tránsito.

i) De publicidad, ornato y espacio público, abarcando el aéreo y el subsuelo.

j) En toda otra materia de competencia de la Ciudad.

3. Reglamenta el funcionamiento de las Comunas, de los consejos comunitarios y la participación vecinal,

en todos sus ámbitos y niveles.

4. Reglamenta los mecanismos de democracia directa.

5. A propuesta del Poder Ejecutivo sanciona la ley de Ministerios.

6. Dicta la ley de puertos de la Ciudad.

7. Legisla y promueve medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de

trato entre varones y mujeres; niñez, adolescencia, juventud, sobre personas mayores y con necesidades

especiales.

8. Aprueba o rechaza los tratados, convenios y acuerdos celebrados por el Gobernador.

9. Califica de utilidad pública los bienes sujetos a expropiación y regula la adquisición de bienes.

10. Sanciona la ley de administración financiera y de control de gestión de gobierno, conforme a los

términos del artículo 132.

11. Remite al Poder Ejecutivo el presupuesto anual del cuerpo para su incorporación en el de la Ciudad

antes del 30 de agosto.

12. Sanciona anualmente el Presupuesto de Gastos y Recursos.

13. Considera la cuenta de inversión del ejercicio anterior, previo dictamen de la Auditoría.

14. Autoriza al Poder Ejecutivo a contraer obligaciones de crédito público externo o interno.

15. Aprueba la Ley Convenio a la que se refiere el inciso 2º del artículo 75 de la Constitución Nacional.

16. Acepta donaciones y legados con cargo.

17. Crea, a propuesta del Poder Ejecutivo, entes descentralizados y reparticiones autárquicas y establece

la autoridad y procedimiento para su intervención.

18. Establece y reglamenta el funcionamiento de los organismos que integran el sistema financiero de la

Ciudad.

19. Regula los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, conforme al artículo 50.

20. Regula el otorgamiento de subsidios, según lo previsto en el Presupuesto.

21. Concede amnistías por infracciones tipificadas en sus leyes.

22. Convoca a elecciones cuando el Poder Ejecutivo no lo hace en tiempo debido.

23. Recibe el juramento o compromiso y considera la renuncia de sus miembros, del Jefe y del Vicejefe

de Gobierno y de los funcionarios que ella designe. Autoriza licencias superiores a treinta días al Jefe y al

Vicejefe de Gobierno.

24. Otorga los acuerdos y efectúa las designaciones que le competen, siguiendo el procedimiento del

artículo 120.

25. Regula la organización y funcionamiento de los registros: de la Propiedad Inmueble, de Personas

Jurídicas y del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad y todo otro que corresponda.

26. Nombra, dirige y remueve a su personal.

27. Aprueba la memoria y el programa anual de la Auditoría General, analiza su presupuesto y lo remite al

Poder Ejecutivo para su incorporación al de la Ciudad.

ARTÍCULO 81.- Con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros:

1. Dicta su reglamento.

2. Sanciona los Códigos Contravencional y de Faltas, Contencioso Administrativo, Tributario, Alimentario y

los Procesales, las leyes general de educación, básica de salud, sobre la organización del Poder Judicial,

de la mediación voluntaria y las que requiere el establecimiento del juicio por jurados.

3. Aprueba y modifica los Códigos de Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación.

4. Sanciona a propuesta del Poder Ejecutivo, el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad.

5. Crea organismos de seguridad social para empleados públicos y profesionales.

6. Aprueba los acuerdos sobre la deuda de la Ciudad.

7. Impone nombres a sitios públicos, dispone el emplazamiento de monumentos y esculturas y declara

monumentos, áreas y sitios históricos.

8. Legisla en materia de preservación y conservación del patrimonio cultural.

9. Impone o modifica tributos.

ARTÍCULO 82.- Con la mayoría de los dos tercios del total de sus miembros:

1. Aprueba los símbolos oficiales de la Ciudad.

2. Sanciona el Código Electoral y la Ley de los partidos políticos.

3. Sanciona la ley prevista en el artículo 127 de esta Constitución. Interviene las Comunas cuando

existiere causa grave; el plazo de intervención no puede superar en ningún caso los noventa días.

4. Aprueba transacciones, dispone la desafectación del dominio público y la disposición de bienes

inmuebles de la Ciudad.

5. Aprueba toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del

dominio público de la Ciudad, por más de cinco años.

6. Disuelve entes descentralizados y reparticiones autárquicas.

ARTÍCULO 83.- La Legislatura puede:

1. Requerir la presencia del Gobernador, de los ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo, y de

cualquier funcionario que pueda ser sometido a juicio político. La convocatoria debe comunicar los puntos

a informar o explicar y fijar el plazo para su presencia.

2. La convocatoria al Jefe de Gobierno y a los jueces del Tribunal Superior procede con mayoría de dos

tercios del total de sus miembros.

3. Crear comisiones investigadoras sobre cualquier cuestión de interés público. Se integra con diputados y

respeta la representación de los partidos políticos y alianzas.

4. Solicitar informes al Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 84.- La Legislatura no puede delegar sus atribuciones.

CAPÍTULO TERCERO - SANCIÓN DE LAS LEYES

ARTÍCULO 85.- Las leyes tienen origen en la Legislatura a iniciativa de alguno de sus miembros, en el

Poder Ejecutivo, en el Defensor del Pueblo, en las Comunas o por iniciativa popular en los casos y formas

que lo establece esta Constitución.

ARTÍCULO 86.- Sancionado un proyecto de ley por la Legislatura pasa sin más trámite al Poder Ejecutivo

para su promulgación y publicación. La fórmula empleada es: "La Legislatura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires sanciona con fuerza de ley...".

Se considera promulgado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no vetado en el término de diez días

hábiles, a partir de la recepción.

Las leyes se publican en el Boletín Oficial dentro de los diez días hábiles posteriores a su promulgación. Si

el Poder Ejecutivo omite su publicación la dispone la Legislatura.

ARTÍCULO 87.- El Poder Ejecutivo puede vetar totalmente un proyecto de ley sancionado por la legislatura

expresando los fundamentos. Cuando esto ocurre el proyecto vuelve a la Legislatura, que puede insistir

con mayoría de dos tercios de sus miembros, en cuyo caso el texto es ley. Si no se logra la mayoría

requerida, el proyecto no puede volver a considerarse en ese año legislativo.

ARTÍCULO 88.- Queda expresamente prohibida la promulgación parcial, sin el consentimiento de la

Legislatura. El Poder Ejecutivo puede vetar parcialmente un proyecto de ley, en cuyo caso el proyecto

vuelve íntegramente a la Legislatura, que puede aceptar el veto con la misma mayoría requerida para su

sanción o insistir en el proyecto original con mayoría de dos tercios de sus miembros.

ARTÍCULO 89.- Tienen el procedimiento de doble lectura las siguientes materias y sus modificaciones:

1. Códigos de Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación.

2. Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Imposición de nombres a sitios públicos, emplazamiento de monumentos y esculturas y declaración de

monumentos, áreas y sitios históricos.

4. Desafectación de los inmuebles del dominio público y todo acto de disposición de éstos.

5. Toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la

Ciudad.

6. Las que consagran excepciones a regímenes generales.

7. La ley prevista en el artículo 75.

8. Los temas que la Legislatura disponga por mayoría absoluta.

ARTÍCULO 90.- El procedimiento de doble lectura tiene los siguientes requisitos:

1. Despacho previo de comisión que incluya el informe de los órganos involucrados.

2. Aprobación inicial por la Legislatura.

3. Publicación y convocatoria a audiencia pública, dentro del plazo de treinta días, para que los

interesados presenten reclamos y observaciones.

4. Consideración de los reclamos y observaciones y resolución definitiva de la Legislatura.

Ningún órgano del gobierno puede conferir excepciones a este trámite y si lo hiciera estas son nulas.

ARTÍCULO 91.- Debe ratificar o rechazar los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder

Ejecutivo, dentro de los treinta días de su remisión. Si a los veinte días de su envío por el Poder Ejecutivo

no tienen despacho de Comisión, deben incorporarse al orden del día inmediato siguiente para su

tratamiento. Pierden vigencia los decretos no ratificados. En caso de receso, la Legislatura se reúne en

sesión extraordinaria por convocatoria del Poder Ejecutivo o se autoconvoca, en el término de diez días

corridos a partir de la recepción del decreto.

CAPÍTULO CUARTO - JUICIO POLÍTICO

ARTÍCULO 92.- La Legislatura puede destituir por juicio político fundado en las causales de mal

desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes, al

Gobernador, al Vicegobernador o a quienes los reemplacen; a los ministros del Poder Ejecutivo, a los

miembros del Tribunal Superior de Justicia; del Consejo de la Magistratura; al Fiscal General; al Defensor

General; al Asesor General de Incapaces; al Defensor del Pueblo y a los demás funcionarios que esta

Constitución establece.

ARTÍCULO 93.- Cada dos años y en su primera sesión, la Legislatura se divide por sorteo, en una sala

acusadora integrada por el setenta y cinco por ciento de sus miembros y en una sala de juzgamiento

compuesta por el veinticinco por ciento restante, respetando la proporcionalidad de los partidos o

alianzas. Cada sala es presidida por un diputado elegido por mayoría simple entre sus miembros. Cuando

el juicio político sea contra el Gobernador o el Vicegobernador, la sala de juzgamiento es presidida por el

presidente del Tribunal Superior.

ARTÍCULO 94.- La sala acusadora nombra en su primera sesión anual una comisión para investigar los

hechos en que se funden las acusaciones. Dispone de facultades instructorias y garantiza al imputado el

derecho de defensa. Dictamina ante el pleno de la sala, que da curso a la acusación con el voto favorable

de los dos tercios de sus miembros. El acusado queda suspendido en sus funciones, sin goce de haberes.

Quedan excluidos de esa votación los miembros de la sala de juzgamiento.

La sala de juzgamiento debate el caso respetando la contradicción y la defensa. La condena se dicta por

mayoría de dos tercios de sus miembros y tiene como único efecto la destitución, pudiendo inhabilitar al

acusado para desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad hasta diez años.

Si la sala de juzgamiento no falla en los cuatro meses siguientes a la suspensión del funcionario, se lo

considera absuelto y no puede ser sometido a nuevo juicio político por los mismos hechos.

TÍTULO CUARTO PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO PRIMERO - TITULARIDAD

ARTÍCULO 95.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es ejercido por un Jefe o Jefa

de Gobierno o Gobernador o Gobernadora.

ARTÍCULO 96.- El Jefe de Gobierno y un Vicejefe o Vicejefa son elegidos en forma directa y conjunta, por

fórmula completa y mayoría absoluta. A tal efecto se toma a la Ciudad como distrito único.

Si en la primera elección ninguna fórmula obtuviera mayoría absoluta de los votos emitidos, con exclusión

de los votos en blanco y nulos, se convoca al comicio definitivo, del que participarán las dos fórmulas más

votadas, que se realiza dentro de los treinta días de efectuada la primera votación.

ARTÍCULO 97.- Para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener treinta años de edad

cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y

permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección; y no encontrarse

comprendido en algunas de las inhabilidades e incompatibilidades previstas para los legisladores.

ARTÍCULO 98.- El Jefe de Gobierno y el Vicejefe duran en sus funciones cuatro años y pueden ser

reelectos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si fueren reelectos o se

sucedieren recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de

un período. Tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades que los Legisladores. Pueden ser

removidos por juicio político o revocatoria popular. Mientras se desempeñan no pueden ocupar otro cargo

público ni ejercer profesión alguna, excepto la docencia. Residen en la Ciudad de Buenos Aires.

Prestan juramento o compromiso de desempeñar fielmente su cargo y obrar de conformidad a lo

prescripto por la Constitución Nacional y por esta Constitución, ante la Legislatura, reunida al efecto en

sesión especial. Sus retribuciones son equivalentes a la del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

ARTÍCULO 99.- En caso de ausencia, imposibilidad temporaria o permanente, muerte, renuncia o

destitución del Jefe de Gobierno, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Vicejefe de Gobierno. Una ley

especial reglamentará la acefalía del Poder Ejecutivo en caso de vacancia de ambos cargos.

El Vicegobernador ejerce las atribuciones que le delegue el Jefe de Gobierno, preside la Legislatura, la

representa y conduce sus sesiones, tiene iniciativa legislativa y solo vota en caso de empate. Corresponde

al Vicepresidente Primero de la Legislatura tener a su cargo la administración y coordinación del cuerpo.

CAPÍTULO SEGUNDO - GABINETE

ARTÍCULO 100.- El Gabinete del Gobernador está compuesto por los Ministerios que se establezcan por

una ley especial, a iniciativa del Poder Ejecutivo, que fija su número y competencias. Los Ministros o

Ministras y demás funcionarios del Poder Ejecutivo son nombrados y removidos por el Jefe de Gobierno.

ARTÍCULO 101.- Cada Ministro tiene a su cargo el despacho de los asuntos de su competencia y refrenda y

legaliza los actos del Jefe de Gobierno con su firma, sin lo cual carecen de validez. Los Ministros son

responsables de los actos que legalizan y solidariamente de los que acuerdan con sus pares. Rigen

respecto de los Ministros los requisitos e incompatibilidades de los Legisladores, salvo el mínimo de

residencia.

Los Ministros no pueden tomar por sí solos resoluciones, excepto las concernientes al régimen económico

y administrativo de sus respectivos Ministerios y a las funciones que expresamente les delegue el

Gobernador.

CAPÍTULO TERCERO - ATRIBUCIONES Y DEBERES

ARTÍCULO 102.- El Jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad, la planificación

general de la gestión y la aplicación de las normas. Dirige la administración pública y procura su mayor

eficacia y los mejores resultados en la inversión de los recursos. Participa en la formación de las leyes

según lo dispuesto en esta Constitución, tiene iniciativa legislativa, promulga las leyes y las hace publicar,

las reglamenta sin alterar su espíritu y las ejecuta en igual modo. Participa en la discusión de las leyes,

directamente o por medio de sus Ministros. Publica los decretos en el Boletín Oficial de la Ciudad dentro

de los treinta días posteriores a su emisión, bajo pena de nulidad.

ARTÍCULO 103.- El Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter

legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites

ordinarios previstos en esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen

las materias procesal penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, el Gobernador

puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Estos decretos son decididos en acuerdo

general de Ministros, quienes deben refrendarlos. Son remitidos a la Legislatura para su ratificación

dentro de los diez días corridos de su dictado, bajo pena de nulidad.

ARTÍCULO 104.- Atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno:

1. Representa legalmente la Ciudad, pudiendo delegar esta atribución, incluso en cuanto a la absolución

de posiciones en juicio. De igual modo la representa en sus relaciones con el Gobierno Federal, con las

Provincias, con los entes públicos y en los vínculos internacionales.

2. Formula y dirige las políticas públicas y ejecuta las leyes.

3. Concluye y firma los tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales. También

puede celebrar convenios con entes públicos nacionales, provinciales, municipales y extranjeros y con

organismos internacionales, y acuerdos para formar regiones con las Provincias y Municipios, en especial

con la Provincia de Buenos Aires y sus municipios respecto del área metropolitana, en todos los casos con

aprobación de la Legislatura. Fomenta la instalación de sedes y delegaciones de organismos del Mercosur

e internacionales en la Ciudad.

4. Puede nombrar un Ministro Coordinador, el que coordina y supervisa las actividades de los Ministros y

preside sus acuerdos y sesiones del Gabinete en ausencia del Jefe de Gobierno.

5. Propone a los Jueces del Tribunal Superior de Justicia.

6. Propone al Fiscal General, al Defensor Oficial y al Asesor Oficial de Incapaces.

7. Designa al Procurador General de la Ciudad con acuerdo de la Legislatura.

8. Designa al Síndico General.

9. Establece la estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia. Nombra a los

funcionarios y agentes de la administración y ejerce la supervisión de su gestión.

10. Propone la creación de entes autárquicos o descentralizados.

11. Ejerce el poder de policía, incluso sobre los establecimientos de utilidad nacional que se encuentren

en la Ciudad.

12. En ejercicio del poder de policía, aplica y controla las normas que regulan las relaciones individuales y

colectivas del trabajo. Sin perjuicio de las competencias y responsabilidades del Gobierno Nacional en la

materia, entiende en el seguimiento, medición e interpretación de la situación del empleo en la Ciudad.

13. Aplica las medidas que garantizan los derechos de los usuarios y consumidores consagrados en la

Constitución Nacional, en la presente Constitución y en las leyes.

14. Establece la política de seguridad, conduce la policía local e imparte las órdenes necesarias para

resguardar la seguridad y el orden público.

15. Coordina las distintas áreas del Gobierno Central con las Comunas.

16. Acepta donaciones y legados sin cargo.

17. Concede subsidios dentro de la previsión presupuestaria para el ejercicio.

18. Indulta o conmuta penas en forma individual y en casos excepcionales, previo informe del tribunal

correspondiente. En ningún caso puede indultar o conmutar las inhabilitaciones e interdicciones previstas

en esta Constitución, las penas por delitos contra la humanidad o por los cometidos por funcionarios

públicos en el ejercicio de sus funciones.

19. Designa a los representantes de la Ciudad ante los organismos federales, ante todos los entes

interjurisdiccionales y de regulación y control de los servicios cuya prestación se lleva a cabo de manera

interjurisdiccional e interconectada, y ante los internacionales en que participa la Ciudad. Designa al

representante de la Ciudad ante el organismo federal a que se refiere el artículo 75, inciso 2, de la

Constitución Nacional.

20. Administra el puerto de la Ciudad.

21. Otorga permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades comerciales y para todas las que

están sujetas al poder de policía de la Ciudad, conforme a las leyes.

22. Crea un organismo con competencias en ordenamiento territorial y ambiental, encargado de formular

un Plan Urbano y Ambiental. Una ley reglamentará su organización y funciones.

23. Ejecuta las obras y presta servicios públicos por gestión propia o a través de concesiones. Toda

concesión o permiso por un plazo mayor de cinco años debe tener el acuerdo de la Legislatura. Formula

planes, programas y proyectos y los ejecuta conforme a los lineamientos del Plan Urbano y Ambiental.

24. Administra los bienes que integra el patrimonio de la Ciudad, de conformidad con las leyes.

25. Recauda los impuestos, tasas y contribuciones y percibe los restantes recursos que integran el tesoro

de la Ciudad.

26. Convoca a referéndum y consulta popular en los casos previstos en esta Constitución.

27. Preserva, restaura y mejora el ambiente, los procesos ecológicos esenciales y los recursos naturales,

reduciendo la degradación y contaminación que los afecten, en un marco de distribución equitativa.

Promueve la conciencia pública y el desarrollo de modalidades educativas que faciliten la participación

comunitaria en la gestión ambiental.

28. Adopta medidas que garanticen la efectiva igualdad entre varones y mujeres en todas las áreas,

niveles jerárquicos y organismos.

29. Promueve la participación y el desarrollo de las organizaciones no gubernamentales, cooperativas,

mutuales y otras que tiendan al bienestar general. Crea un registro para asegurar su inserción en la

discusión, planificación y gestión de las políticas públicas.

30. Organiza consejos consultivos que lo asesoran en materias tales como niñez, juventud, mujer,

derechos humanos, tercera edad o prevención del delito.

31. Administra y explota los juegos de azar, de destreza y de apuestas mutuas, según las leyes

respectivas.

32. Las demás atribuciones que le confieren la presente Constitución y las leyes que en su consecuencia

se dicten.

ARTÍCULO 105.- Son deberes del Jefe de Gobierno:

1. Arbitrar los medios idóneos para poner a disposición de la ciudadanía toda la información y

documentación atinente a la gestión de gobierno de la Ciudad.

2. Registrar todos los contratos en que el Gobierno sea parte, dentro de los diez días de suscriptos, bajo

pena de nulidad. Los antecedentes de los contratistas y subcontratistas y los pliegos de bases y

condiciones de los llamados a licitación deben archivarse en el mismo registro, dentro de los diez días de

realizado el acto de apertura. El registro es público y de consulta irrestricta.

3. Abrir las sesiones ordinarias de la Legislatura y dar cuenta del estado general de la administración.

Convocar a sesiones extraordinarias cuando razones de gravedad así lo requieren, como también en el

caso previsto en el artículo 103, si la Legislatura estuviere en receso.

4. Proporcionar a la Legislatura los antecedentes e informes que le sean requeridos.

5. Ordenar el auxilio de la fuerza pública a los tribunales, a la Legislatura, y a las Comunas cuando lo

soliciten.

6. Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden

público.

7. Ejecutar los actos de disposición de los bienes declarados innecesarios por la Legislatura.

8. Acordar el arreglo de la deuda de la Ciudad y remitir el acuerdo a la Legislatura para su aprobación.

9. Presentar ante la Legislatura el proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Ciudad y de sus

entes autárquicos y descentralizados.

10. Enviar a la Legislatura las cuentas de inversión del ejercicio vencido antes del cuarto mes de sesiones

ordinarias.

11. Convocar a elecciones locales.

12. Hacer cumplir, como agente natural del Gobierno Federal, la Constitución y las leyes nacionales.

TÍTULO QUINTO

PODER JUDICIAL

CAPÍTULO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 106.- Corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas

que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los

códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales, así como también organizar la mediación

voluntaria conforme la ley que la reglamente. Ejerce esta competencia, sin perjuicio del juicio por

jurados que la ley establezca.

ARTÍCULO 107.- El Poder Judicial de la Ciudad lo integra el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la

Magistratura, los demás tribunales que la ley establezca y el Ministerio Público.

ARTÍCULO 108.- En ningún caso el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo pueden ejercer funciones

judiciales ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Cada uno de

ellos es responsable en el ámbito de su competencia, de dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios

para garantizar el acceso a la justicia y la resolución de los conflictos en tiempo razonable y a un costo

que no implique privación de justicia.

ARTÍCULO 109.- Los miembros del Tribunal Superior de Justicia, los del Consejo de la Magistratura, los

jueces, los integrantes del Ministerio Público y los funcionarios judiciales asumirán el cargo jurando

desempeñar sus funciones de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, esta Constitución

y las leyes nacionales y locales.

El acto de juramento o compromiso se prestará ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, con

excepción de los Miembros del Consejo de la Magistratura que lo harán ante el Presidente de la

Legislatura.

ARTÍCULO 110.- Los jueces y los integrantes del Ministerio Público conservan sus empleos mientras dure su

buena conducta y reciben por sus servicios una retribución que no puede ser disminuida mientras

permanezcan en sus funciones. Gozan de las mismas inmunidades que los legisladores. Pagan los

impuestos que establezca la Legislatura y los aportes previsionales que correspondan.

CAPÍTULO SEGUNDO - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ARTÍCULO 111.- El Tribunal Superior de Justicia está compuesto por cinco magistrados designados por el

Jefe de Gobierno con acuerdo de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura, en sesión

pública especialmente convocada al efecto. Sólo son removidos por juicio político. En ningún caso podrán

ser todos del mismo sexo.

ARTÍCULO 112.- Para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia se requiere ser argentino, tener

treinta años de edad como mínimo, ser abogado con ocho años de graduado, tener especial versación

jurídica, y haber nacido en la Ciudad o acreditar una residencia inmediata en esta no inferior a cinco

años.

ARTÍCULO 113.- Es competencia del Tribunal Superior de Justicia conocer:

1. Originaria y exclusivamente en los conflictos entre los Poderes de la Ciudad ni en las demandas que

promueva la Auditoría General de la Ciudad de acuerdo a lo que autoriza esta Constitución.

2. Originaria y exclusivamente en las acciones declarativas contra la validez de leyes, decretos y

cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, contrarias a la

Constitución Nacional o a esta Constitución. La declaración de inconstitucionalidad hace perder vigencia a

la norma salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique dentro de los tres meses de la

sentencia declarativa por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. La ratificación de la

Legislatura no altera sus efectos en el caso concreto ni impide el posterior control difuso de

constitucionalidad ejercido por todos los jueces y por el Tribunal Superior.

3. Por vía de recursos de inconstitucionalidad, en todos los casos que versen sobre la interpretación o

aplicación de normas contenidas en la Constitución Nacional o en esta Constitución.

4. En los casos de privación, denegación o retardo injustificado de justicia y en los recursos de queja por

denegación de recurso.

5. En instancia ordinaria de apelación en las causas en que la Ciudad sea parte, cuando el monto

reclamado sea superior al que establezca la ley.

6. Originariamente en materia electoral y de partidos políticos. Una ley podrá crear un tribunal electoral

en cuyo caso el Tribunal Superior actuará por vía de apelación.

ARTÍCULO 114.- El Tribunal Superior de Justicia dicta su reglamento interno, nombra y remueve a sus

empleados y proyecta y ejecuta su presupuesto.

CAPÍTULO TERCERO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ARTÍCULO 115.- El Consejo de la Magistratura se integra con nueve miembros elegidos de la siguiente

forma:

1. Tres representantes elegidos por la Legislatura, con el voto de las dos terceras partes del total de sus

miembros.

2. Tres jueces del Poder Judicial de la Ciudad excluidos los del Tribunal Superior, elegidos por el voto

directo de sus pares. En caso de que se presentare más de una lista de candidatos, dos son de la lista de

la mayoría y uno de la minoría.

3. Tres abogados o abogadas, elegidos por sus pares, dos en representación de la lista que obtuviere la

mayor cantidad de votos y el restante de la lista que le siguiere en el número de votos, todos con

domicilio electoral y matriculados en la Ciudad.

Duran en sus funciones cuatro años y no pueden ser reelegidos sin un intervalo de por lo menos un período

completo. Designan su presidente y tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades que los jueces.

Son removidos por juicio político.

ARTÍCULO 116.- Salvo las reservadas al Tribunal Superior, sus funciones son las siguientes:

1. Seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a la magistratura y

al Ministerio Público que no tengan otra forma de designación prevista por esta Constitución.

2. Proponer a la Legislatura los candidatos a jueces y al Ministerio Público.

3. Dictar los reglamentos internos del Poder Judicial.

4. Ejercer facultades disciplinarias respecto de los magistrados.

5. Reglamentar el nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados,

previendo un sistema de concursos con intervención de los jueces, en todos los casos.

6. Proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le asigne al Poder Judicial.

7. Recibir las denuncias contra los jueces y los integrantes del Ministerio Público.

8. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, formulando la acusación

correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento.

ARTÍCULO 117.- Una ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la

Legislatura organiza el Consejo de la Magistratura y la integración de los jurados de los concursos. Estos

se integran por sorteo en base a listas de expertos confeccionadas por el Tribunal Superior, la Legislatura,

los jueces, el órgano que ejerce el control de la matrícula de abogados y las facultades de derecho con

asiento en la Ciudad.

CAPÍTULO CUARTO - TRIBUNALES DE LA CIUDAD

ARTÍCULO 118.- Los jueces y juezas son designados por el voto de la mayoría absoluta de la Legislatura, a

propuesta del Consejo de la Magistratura. En caso de que la Legislatura rechace al candidato propuesto,

el Consejo propone a otro aspirante. La Legislatura no puede rechazar más de un candidato por cada

vacante a cubrir. Debe pronunciarse dentro de los sesenta días hábiles, excluido el receso legislativo. Si

vencido dicho plazo no se hubiere pronunciado, se considera aprobada la propuesta.

ARTÍCULO 119.- Los jueces y funcionarios judiciales no pueden ejercer profesión, empleo o comercio, con

excepción de la docencia, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de sus decisiones.

ARTÍCULO 120.- La Comisión competente de la Legislatura celebra una audiencia pública con la

participación de los propuestos para el tratamiento de los pliegos remitidos por el Consejo. Las sesiones

de la Legislatura en las que se preste el acuerdo para la designación de los magistrados son públicas.

CAPÍTULO QUINTO - JURADO DE ENJUICIAMIENTO

ARTÍCULO 121.- Los jueces son removidos por un Jurado de Enjuiciamiento integrado por nueve miembros

de los cuales tres son legisladores, tres abogados y tres jueces, siendo uno de ellos miembro del Tribunal

Superior y Presidente del Jurado. Son seleccionados por sorteo de una lista de veinticuatro miembros:

1. Seis jueces, elegidos por sus pares, mediante el sistema de representación proporcional.

2. Dos miembros del Tribunal Superior designados por el mismo.

3. Ocho abogados, elegidos por sus pares, con domicilio electoral y matrícula en la Ciudad, mediante el

sistema de representación proporcional.

4. Ocho legisladores, elegidos por la Legislatura, con el voto de los dos tercios del total de sus miembros.

Duran en sus cargos cuatro años, a excepción de los legisladores que permanecen hasta la finalización de

sus mandatos

ARTÍCULO 122.- Las causas de remoción son: comisión de delitos dolosos, mal desempeño, negligencia

grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho e inhabilidad

física o psíquica.

ARTÍCULO 123.- El procedimiento garantiza debidamente el derecho de defensa del acusado y es instado

por el Consejo de la Magistratura, que formula la acusación en el término de sesenta días contados a

partir de la recepción de la denuncia. Sólo el jurado tiene facultades para suspender preventivamente al

acusado en sus funciones, debiendo dictarse el fallo en el plazo de noventa días a partir de la acusación.

Si no se cumpliere con los plazos previstos, se ordenará archivar el expediente sin que sea posible iniciar

un nuevo procedimiento por las mismas causales.

Si durante la sustanciación del procedimiento venciere el término del mandato de los miembros del

jurado, éstos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la conclusión definitiva del mismo.

Los jueces sólo podrán ser removidos si la decisión contare con el voto de, al menos, cinco de los

integrantes del jurado. El fallo será irrecurrible salvo los casos de manifiesta arbitrariedad y sólo tendrá

por efecto destituir al magistrado, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere

corresponderle.

CAPÍTULO SEXTO - MINISTERIO PÚBLICO

ARTÍCULO 124.- El Ministerio Público tiene autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial.

Está a cargo de un o una Fiscal General, un Defensor o Defensora General y un Asesor o Asesora General

de Incapaces, quienes ejercen sus funciones ante el Tribunal Superior de Justicia, y por los demás

funcionarios que de ellos dependen.

ARTÍCULO 125.- Son funciones del Ministerio Público:

1. Promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la

sociedad, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica.

2. Velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del

interés social.

3. Dirigir la Policía Judicial.

ARTÍCULO 126.- El Fiscal General, el Defensor General y el Asesor General de Incapaces son designados y

removidos en la misma forma y con los mismos requisitos que los miembros del Tribunal Superior de

Justicia.

Duran en su función siete años, pudiendo ser reelegidos con intervalo de un período completo.

Los restantes funcionarios del Ministerio Público que actúen ante otros tribunales son designados de la

misma forma que los jueces, gozan de idénticas inmunidades, tienen iguales limitaciones y son removidos

por el Jurado de Enjuiciamiento.

En su caso, en la integración del Jurado de Enjuiciamiento del artículo 121, se reemplazan los dos jueces

ajenos al Tribunal Superior por dos funcionarios del Ministerio Público, seleccionados de una lista de ocho,

elegidos por sus pares mediante el sistema de representación proporcional.

TÍTULO SEXTO - COMUNAS

ARTÍCULO 127.- Las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia

territorial. Una ley sancionada con mayoría de dos tercios del total de la Legislatura establece su

organización y competencia, preservando la unidad política y presupuestaria y el interés general de la

Ciudad y su gobierno. Esa ley establece unidades territoriales descentralizadas, cuya delimitación debe

garantizar el equilibrio demográfico y considerar aspectos urbanísticos, económicos, sociales y culturales.

ARTÍCULO 128.- Las Comunas ejercen funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva

o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia. Ninguna decisión

u obra local puede contradecir el interés general de la Ciudad.

Son de su competencia exclusiva :

1. El mantenimiento de las vías secundarias y de los espacios verdes de conformidad a la ley de

presupuesto.

2. La elaboración de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual, así como su ejecución.

En ningún caso las Comunas pueden crear impuestos, tasas o contribuciones, ni endeudarse

financieramente.

3. La iniciativa legislativa y la presentación de proyectos de decretos al Poder Ejecutivo.

4. La administración de su patrimonio, de conformidad con la presente Constitución y las leyes.

Ejercen en forma concurrente las siguientes competencias:

1. La fiscalización y el control del cumplimiento de normas sobre usos de los espacios públicos y suelo,

que les asigne la ley.

2. La decisión y ejecución de obras públicas, proyectos y planes de impacto local, la prestación de

servicios públicos y el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la comuna y que por ley se

determine.

3. La evaluación de demandas y necesidades sociales, la participación en la formulación o ejecución de

programas.

4. La participación en la planificación y el control de los servicios.

5. La gestión de actividades en materia de políticas sociales y proyectos comunitarios que pueda

desarrollar con su propio presupuesto, complementarias de las que correspondan al Gobierno de la

Ciudad.

6. La implementación de un adecuado método de resolución de conflictos mediante el sistema de

mediación, con participación de equipos multidisciplinarios.

ARTÍCULO 129.- La ley de presupuesto establece las partidas que se asignan a cada Comuna.

Debe ser un monto apropiado para el cumplimiento de sus fines y guardar relación con las competencias

que se le asignen. La ley establecerá los criterios de asignación en función de indicadores objetivos de

reparto, basados en pautas funcionales y de equidad, en el marco de principios de redistribución y

compensación de diferencias estructurales.

ARTÍCULO 130.- Cada Comuna tiene un órgano de gobierno colegiado denominado Junta Comunal

compuesto por siete miembros, elegidos en forma directa con arreglo al régimen de representación

proporcional, formando cada Comuna a esos fines un distrito único. La Junta Comunal es presidida y

legalmente representada por el primer integrante de la lista que obtenga mayor número de votos en la

Comuna.

Las listas deben adecuarse a lo que determine la ley electoral y de partidos políticos.

ARTÍCULO 131.- Cada Comuna debe crear un organismo consultivo y honorario de deliberación,

asesoramiento, canalización de demandas, elaboración de propuestas, definición de prioridades

presupuestarias y de obras públicas y seguimiento de la gestión. Está integrado por representantes de

entidades vecinales no gubernamentales, redes y otras formas de organización. Su integración,

funcionamiento y relación con las Juntas Comunales son reglamentados por una ley.

TÍTULO SÉPTIMO - ÓRGANOS DE CONTROL

CAPÍTULO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 132.- La Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado, conforme a los

principios de economía, eficacia y eficiencia. Comprende el control interno y externo del sector público,

que opera de manera coordinada en la elaboración y aplicación de sus normas. Los funcionarios deben

rendir cuentas de su gestión.

Todo acto de contenido patrimonial de monto relevante es registrado en una base de datos, bajo pena de

nulidad. Se asegura el acceso libre y gratuito a la misma.

CAPÍTULO SEGUNDO - SINDICATURA GENERAL

ARTÍCULO 133.- La Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder

Ejecutivo, tiene personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera. Una ley establece su

organización y funcionamiento.

Su titular es el Síndico o Sindica General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designado y removido

por el Poder Ejecutivo, con jerarquía equivalente a la de ministro.

Tiene a su cargo el control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y

de gestión, así como el dictamen sobre los estados contables y financieros de la administración pública en

todas las jurisdicciones que componen la administración central y descentralizada, cualquiera fuera su

modalidad de organización, así como el dictamen sobre la cuenta de inversión.

Es el órgano rector de las normas de control interno y supervisor de las de procedimiento en materia de su

competencia, y ejerce la fiscalización del cumplimiento y aplicación de las mismas.

Tiene acceso a la información relacionada con los actos sujetos a su examen, en forma previa al dictado

de los mismos, en los casos en que lo considere oportuno y conveniente.

CAPÍTULO TERCERO - PROCURACION GENERAL

ARTÍCULO 134.- La Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los actos

administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado. Representa a la Ciudad en

todo proceso en que se controviertan sus derechos o intereses.

Se integra con el Procurador o Procuradora General y los demás funcionarios que la ley determine. El

Procurador General es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y removido por el

Poder Ejecutivo.

El plantel de abogados de la Ciudad se selecciona por riguroso concurso público de oposición y

antecedentes. La ley determina su organización y funcionamiento.

CAPÍTULO CUARTO - AUDITORIA GENERAL

ARTÍCULO 135.- La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la

Legislatura, tiene personería jurídica, legitimación procesal y autonomía funcional y financiera.

Ejerce el control externo del sector público en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de

gestión y de legalidad. Dictamina sobre los estados contables financieros de la administración pública,

centralizada y descentralizada cualquiera fuera su modalidad de organización, de empresas, sociedades o

entes en los que la Ciudad tenga participación, y asimismo sobre la cuenta de inversión.

Tiene facultades para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos que se hubiesen otorgado

como aportes o subsidios, incluyendo los destinados a los partidos políticos del distrito.

Una ley establece su organización y funcionamiento.

La ley de presupuesto debe contemplar la asignación de recursos suficientes para el efectivo

cumplimiento de sus competencias.

Los agentes, autoridades y titulares de organismos y entes sobre los que es competente, están obligados a

proveerle la información que les requiera.

Todos sus dictámenes son públicos. Se garantiza el acceso irrestricto de cualquier ciudadano a los mismos.

ARTÍCULO 136.- La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se compone de siete

miembros designados por mayoría absoluta de la Legislatura. Su Presidente o Presidenta es designado a

propuesta de los legisladores del partido político o alianza opositora con mayor representación numérica

en el Cuerpo. Los restantes miembros serán designados a propuesta de los legisladores de los partidos

políticos o alianzas de la Legislatura, respetando su proporcionalidad.

CAPÍTULO QUINTO - DEFENSORIA DEL PUEBLO

ARTÍCULO 137.- La Defensoría del Pueblo es un órgano unipersonal e independiente con autonomía

funcional y autarquía financiera, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad.

Es su misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses

individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta Constitución,

frente a los actos, hechos u omisiones de la administración o de prestadores de servicios públicos.

Tiene iniciativa legislativa y legitimación procesal. Puede requerir de las autoridades públicas en todos

sus niveles la información necesaria para el mejor ejercicio de sus funciones sin que pueda oponérsele

reserva alguna.

Está a cargo de un Defensor o Defensora del Pueblo que es asistido por adjuntos cuyo número, áreas y

funciones específicas y forma de designación son establecidas por la ley.

Es designado por la Legislatura por el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, en sesión

especial y pública convocada al efecto.

Debe reunir las condiciones establecidas para ser legislador y goza de iguales inmunidades y prerrogativas.

Le alcanzan las inhabilidades e incompatibilidades de los jueces.

Su mandato es de cinco años; puede ser designado en forma consecutiva por una sola vez, mediante el

procedimiento señalado en el párrafo primero. Sólo puede ser removido por juicio político.

El Defensor del Pueblo vela por la defensa y protección de los derechos y garantías de los habitantes

frente a hechos, actos u omisiones de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local

CAPÍTULO SEXTO -ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

ARTÍCULO 138.- El Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del

Poder Ejecutivo, es autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal.

Ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o

fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y

protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente,

velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto.

ARTÍCULO 139.- El Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos está constituido por un Directorio,

conformado por cinco miembros, que deben ser profesionales expertos.

Los miembros del Directorio son designados por la Legislatura por mayoría absoluta del total de sus

miembros, previa presentación en audiencia pública de los candidatos.

El Presidente o Presidenta será propuesto por el Poder Ejecutivo y los vocales por la Legislatura,

garantizando la pluralidad de la representación, debiendo ser uno de ellos miembro de organizaciones de

usuarios y consumidores.

No podrán tener vinculación directa ni mediata con los concesionarios y licenciatarios de servicios

públicos.

CLAUSULA DEROGATORIA

ARTÍCULO 140.- A partir de la sanción de esta Constitución, quedan derogadas todas las normas que se le

opongan.

CLAUSULAS TRANSITORIAS

Primera:

1deg. .- Convocar a los ciudadanos electos como Jefe y Vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, elegidos en los comicios del 30 de junio pasado, para que asuman sus funciones el día 6 de

agosto de 1996 a la hora 11.00 en el Salón Dorado del Honorable Concejo Deliberante. En dicho acto

prestarán juramento de práctica ante esta Convención.

2deg..- Los ciudadanos convocados se desempeñarán con los títulos de Jefe y Vicejefe de Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires respectivamente, hasta la sanción del Estatuto Organizativo o

Constitución. Hasta ese momento, el Jefe de Gobierno ejercerá el Poder Ejecutivo de la Ciudad con las

atribuciones que la ley 19.987 asignaba al antiguo Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. El

Vicejefe de Gobierno lo reemplazará en caso de vacancia, ausencia o impedimento y ejercerá, además,

todas las funciones que el Jefe de Gobierno le delegue. Sancionado el Estatuto o Constitución, sus

atribuciones se adecuarán a lo que este disponga.

3deg..- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ningún caso podrá emitir disposiciones de

carácter legislativo, salvo circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los tramites

ordinarios y, en dicho supuesto, que no se trate de normas que regulen materias tributarias,

contravencionales, electorales y del régimen de los partidos políticos. Dichas normas deberán ser

ratificadas oportunamente por el órgano legislativo de la Ciudad de Buenos Aires.

4deg..- Desde el 6 de agosto de 1996 y hasta la sanción del Estatuto Organizativo o Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el texto de la ley 19.987 y la legislación vigente a esa fecha, de

cualquier jerarquía, constituirá la normativa provisional de la Ciudad, en todo cuanto sea compatible con

su autonomía y con la Constitución Nacional.

Segunda:

Las disposiciones de la presente Constitución que no puedan entrar en vigor en razón de limitaciones de

hecho impuestas por la ley 24.588, no tendrán aplicación hasta que una reforma legislativa o los

tribunales competentes habiliten su vigencia.

Tercera:

La Ciudad de Buenos Aires afirma su derecho a participar en igualdad de condiciones con el resto de las

jurisdicciones en el debate y la elaboración del régimen de coparticipación federal de impuestos.

Cuarta:

La primera Legislatura puede, por única vez, y durante los primeros doce meses desde su instalación,

modificar la duración de los mandatos del próximo Jefe de Gobierno, el de su Vicejefe y el de los

legisladores del próximo periodo, con el fin de hacer coincidir las elecciones de autoridades de la Ciudad

con las autoridades nacionales. Dicha ley debe sancionarse con la mayoría de dos terceras partes del total

de los miembros del Cuerpo.

Quinta:

Para la primera elección de legisladores, la Ciudad de Buenos Aires constituye un distrito único.

Sexta:

Los diputados de la primera Legislatura duran en sus funciones, por única vez, desde el día de la

incorporación hasta el día de cese del mandato del Jefe de Gobierno. La primera Legislatura establecerá

el sistema que garantice su renovación en forma parcial a partir de la segunda Legislatura, inclusive.

Hasta que la Legislatura dicte su propio reglamento, se aplica el reglamento de la Convención

Constituyente de la Ciudad y supletoriamente el de la Cámara de Diputados de la Nación.

Séptima:

A partir de los treinta días corridos de constituida la Legislatura caducan todas las designaciones

realizadas por cualquier administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, efectuadas con el

acuerdo del Concejo Deliberante, salvo que en ese plazo sean ratificadas por la Legislatura a pedido del

Poder Ejecutivo. En caso de vacancia previa a la constitución de la Legislatura, el Jefe de Gobierno

designa al reemplazante en comisión, ad-referendum de aquella.

A los treinta días corridos de constituida la Legislatura caducan las designaciones del Controlador General

y sus adjuntos, salvo que en ese plazo sean ratificados por la Legislatura.

Octava:

La Ley Básica de Salud será sancionada en un término no mayor de un año a partir del funcionamiento de

la Legislatura.

Novena:

El Jefe de Gobierno convocará a elecciones de diputados que deberán realizarse antes del 31 de marzo de

1997.

Décima:

Desde la vigencia de la presente Constitución, el Jefe y el Vicejefe de la Ciudad, ejercen las funciones

que la misma les atribuye.

Los decretos de necesidad y urgencia que emita el Jefe de Gobierno, hasta que se constituya la

Legislatura, serán sometidos a la misma para su tratamiento en los diez primeros días de su instalación.

Por única vez, el plazo de treinta días del artículo 91, es de ciento veinte días corridos.

Hasta tanto se dicte la ley de ministerios, el Jefe de Gobierno podrá designar a sus Ministros y atribuirles

las respectivas competencias.

Décimoprimera:

El mandato del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ejercicio al sancionarse esta

Constitución, debe ser considerado como primer período a los efectos de la reelección.

Decimosegunda:

1. El Jefe de Gobierno, hasta que se constituya la Legislatura de la Ciudad, podrá:

a) Constituir el Tribunal Superior y designar en comisión a sus miembros.

b) Constituir los fueros Contencioso Administrativo y Tributario, Contravencional y de Faltas y los demás

que fueren menester para asegurar el adecuado funcionamiento del Poder Judicial local, crear los

Tribunales que resulten necesarios y designar en comisión a los jueces respectivos. La constitución del

fuero Contravencional y de Faltas importará la cesación de la Justicia Municipal de Faltas creada por la

ley 19.987, cuyas causas pendientes pasarán a la Justicia Contravencional y de Faltas.

c) Constituir el Ministerio Público y nombrar en comisión al Fiscal General, al Defensor General y a los

demás integrantes que resulten necesarios;

2. El Poder Ejecutivo sancionará, mediante decreto de necesidad de urgencia, un Código en materia

Contencioso Administrativa y Tributaria, y las demás normas de organización y procedimiento que fueren

necesarias para el funcionamiento de los fueros indicados en las cláusulas anteriores, todo ad referéndum

de la Legislatura de la Ciudad.

3. Dentro de los treinta días de instalada la Legislatura, el Poder Ejecutivo remitirá los pliegos para el

acuerdo de los jueces del Tribunal Superior de Justicia.

En igual plazo deberá remitir a la Legislatura, para su acuerdo, los pliegos de los demás jueces e

integrantes del Ministerio Público nombrados en comisión, debiendo pronunciarse la Legislatura en el

plazo de noventa días. El silencio se considera como aceptación del pliego propuesto.

Por esta única vez para el nombramiento de los jueces el acuerdo será igual a los dos tercios del total de

los miembros de la Legislatura;

4. La Legislatura, en el plazo de ciento veinte días corridos a partir de su constitución, sancionará la ley a

que se refiere el artículo 117, designará a sus representantes en el Consejo de la Magistratura y en el

Jurado de Enjuiciamiento y proveerá lo necesario para que ambas instituciones queden constituidas en los

dos meses siguientes.

En el supuesto de que en el plazo señalado la Legislatura no cumpliere lo dispuesto en el párrafo anterior,

el Tribunal Superior convocará a los jueces y a los abogados para que elijan a sus representantes y

constituirá con ellos el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento conforme a la estructura

orgánica provisoria que le dicte.

5. La Legislatura creará los Tribunales de Vecindad en cada Comuna, que estarán integrados por tres

jueces, no pudiendo ser todos del mismo sexo. Sin perjuicio de la competencia que la ley determine,

deberá entender en materias de vecindad, medianería, propiedad horizontal, locaciones, cuestiones

civiles y comerciales hasta el monto que la ley establezca, prevención en materia de violencia familiar y

protección de personas.

El funcionamiento de estos Tribunales queda sujeto al acuerdo que el Jefe de Gobierno celebrará con el

Gobierno Nacional, con el objeto de transferir las competencias y partidas presupuestarias que

correspondan.

La Justicia Contravencional y de Faltas será competente para conocer en el juzgamiento de todas las

contravenciones tipificadas en leyes nacionales y otras normas aplicables en el ámbito local, cesando toda

competencia jurisdiccional que las normas vigentes asignen a cualquier otra autoridad.

Se limitará a la aplicación de las normas vigentes en materia contravencional, conforme a los principios y

garantías de fondo y procesales establecidos en la Constitución Nacional y en esta Constitución, en la

medida en que sean compatibles con los mismos.

La primera Legislatura de la Ciudad, dentro de los tres meses de constituida, sancionará un Código

Contravencional que contenga las disposiciones de fondo en la materia y las procesales de esta y de

faltas, con estricta observancia de los principios consagrados en la Constitución Nacional, los instrumentos

mencionados en el inciso 22 del artículo 75 de la misma y en el presente texto. Sancionado dicho Código o

vencido el plazo fijado, que es improrrogable, todas las normas contravencionales quedarán derogadas.

Decimotercera:

Se faculta al Gobierno de la Ciudad, para que convenga con el Gobierno Federal que los jueces nacionales

de los fueros ordinarios de la Ciudad, de cualquier instancia, sean transferidos al Poder Judicial de la

Ciudad, conservando su inamovilidad y jerarquía, cuando se disponga que la justicia ordinaria del

territorio de la Ciudad sea ejercida por sus propios jueces.

Los que hayan sido designados antes del mencionado convenio pueden ser removidos sólo por los

procedimientos y jurados previstos en la Constitución Nacional.

Esta faculta no impide que las autoridades constituidas puedan llegar a un acuerdo en términos

diferentes, para lograr una transferencia racional de la función judicial.

En todos los casos el acuerdo comprenderá, necesariamente, la transferencia de las partidas

presupuestarias o la reasignación de recursos conforme al artículo 75, inciso 2deg., de la Constitución

Nacional.

Décimocuarta:

Hasta tanto se encuentre integrado en su totalidad el Poder Judicial local, los jueces miembros del

Consejo de la Magistratura continuarán en sus funciones judiciales. Los restantes miembros no podrán

ejercer la abogacía ante los tribunales de la Ciudad y se desempeñarán honorariamente en el Consejo. La

ley establecerá una compensación razonable por la limitación de su ejercicio profesional

Décimoquinta:

Los integrantes del Primer Tribunal Superior de Justicia, designados en comisión, prestarán juramento o

compromiso ante el Jefe de Gobierno. En la primera integración del Tribunal, cuyos miembros cuenten

con acuerdo de la Legislatura, prestarán juramento o compromiso ante el Presidente de esta.

Décimosexta:

Hasta que la Legislatura establezca el régimen definitivo de remuneraciones, la retribución del Presidente

del Tribunal Superior de la Ciudad es equivalente al noventa por ciento de la que perciba el Presidente de

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ambos casos por todo concepto.

Décimoséptima:

La primera elección de los miembros del órgano establecido en el artículo 130 tendrá lugar en un plazo no

menor de cuatro años ni mayor de cinco años, contados desde la sanción de esta Constitución. Hasta

entonces el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires adoptará medidas que faciliten la participación

social y comunitaria en el proceso de descentralización. A partir de la sanción de la ley prevista en el

artículo 127, las medidas que adopte el Poder Ejecutivo deberán adecuarse necesariamente a la misma.

Décimoctava:

El control de la matrícula y el ejercicio del poder disciplinario de las profesiones liberales, continuará

siendo ejercido por los Colegios y Consejos creados por ley de la Nación hasta que la Ciudad legisle sobre

el particular.

Décimonovena:

La Ciudad celebrará convenios con la Nación y las provincias sobre la explotación y el producido de los

juegos de azar, de destreza y de apuestas mutuas de jurisdicción nacional y provinciales que se

comercializan en su territorio.

En el marco de los establecido en el artículo 50, revisará las concesiones y convenios existentes a la fecha

de la firma de esta Constitución.

Vigésima:

La Ciudad facilita la búsqueda de información sobre personas desaparecidas antes del 10 de diciembre de

1983 y de las que se presumieren nacidas durante el cautiverio materno.

Vigésimoprimera:

Los ex-combatientes de la guerra del Atlántico Sur residentes en la Ciudad y que carezcan de suficiente

cobertura social, tendrán preferencia en los servicios o programas de salud, vivienda, trabajo, educación,

capacitación profesional y en el empleo público.

Vigésimosegunda:

Hasta tanto la Legislatura dicte una ley que reglamente la representación de los usuarios y consumidores,

el Directorio del Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos, estará compuesto sólo por cuatro

miembros.

Vigésimotercera:

Hasta tanto se constituya la Legislatura continúan vigentes las instituciones del régimen municipal con sus

correspondientes regulaciones, en la medida en que no se opongan o no hayan sido expresamente

derogadas por esta Constitución.

Vigésimocuarta:

Cualquier errata claramente material en el texto ordenado de la presente Constitución puede ser

corregida por la Legislatura, dentro de los treinta primeros días de su instalación, con mayoria de tres

cuartas partes del total de sus miembros.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, EL PRIMERO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS