UN CACHO DE CULTURA BARRIO PRIVADO

 CARAS Y CARETAS
Nº 2272 - Viernes, 13 de Julio de 2012
La oposición denuncia que el gobierno porteño está vaciando el poder de las comunas
como articuladores de políticas culturales en los barrios.
Muchos hablan bien de las comunas pero hacen poco por ellas”, asegura Carlos
Wilkinson, desde la mesa coordinadora del Movimiento Comunero, en el cual militan
vecinos integrantes de asambleas, organizaciones sociales y asociaciones barriales. Y
dice que al sondear el territorio porteño es fácil apreciar como las 15 comunas, esas
unidades de participación ciudadana inéditas en la cultura política local, “están siendo
vaciadas por el gobierno del PRO”.

El 10 de julio se cumplieron siete meses desde que asumieron las autoridades de las
Juntas Comunales –de siete miembros cada una– y un año desde que fueron electas a
la par del jefe de Gobierno, pero la tan peleada descentralización de decisiones en las
comunas resuena aún como una expresión de deseos, que la realidad que estipula la
Ley Orgánica de Comunas (1.777).
El 7 de mayo, el Movimiento Comunero presentó una denuncia en la Legislatura, en
una reunión de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, y fueron
recibidos por Eduardo Macchiavelli, secretario de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana. Ahí leyó Eduardo Hadad, del Movimiento Comunero: “Existe una
decisión política tendiente a hacer fracasar, por asfixia administrativa, presupuestaria
y funcional, esta experiencia de democracia participativa”. Y esta política tiene su
correlato en otro problema territorial: la falta de articulación del poder de las comunas
con las problemáticas y experiencias culturales en los barrios, los cuales podrían
contar con políticas participativas, propuestas y reguladas por los propios vecinos.
Cultura sin delegación. Pero ahí no está el Ejecutivo y tampoco el presupuesto. Y no es
una entelequia hablar de políticas culturales motorizadas desde las comunas, es una
necesidad que contempla la propia ley. Además la ley 2.176 de Derechos Culturales,
aprobada en 2006, prevé políticas públicas para garantizar derechos inclusivos de
acceso a la cultura en la ciudad. El artículo 8 demanda “la creación de casas de cultura
en las comunas, con el objeto de promover la difusión y estímulo de la actividad
cultural comunitaria”. E incluso boga por que las comunas, en red, puedan fomentar y
proteger el patrimonio cultural y artístico. “Los ciudadanos constituyen sus identidades
desde los centros culturales, los teatros independientes, los cines barriales, los
parques y clubes.
Las comunas deben consolidarse como espacios de elaboración de políticas públicas
culturales”, afirma el diputado Fabio Basteiro, presidente del bloque Buenos Aires para
Todos. En sintonía piensa el diputado Edgardo Form (Nuevo Encuentro): “La
ciudadanía tiene que tener mayor proximidad no sólo con el consumo de productos
culturales sino como generadora de cultura. Si no, se ve a la cultura sólo en forma
mercantilista”. Y si no existe aún una política cultural de acercamiento de los
ciudadanos a las comunas, las causas son bien concretas: “No se cumple la
descentralización y encima faltan recursos –dice Form–. Muchas comunas no tienen
equipos y el espacio adecuado para diseñar actividades que permitan protagonismo en
la gestión de la cosa pública. Hasta se podría estimular a las zonas más postergadas
de la ciudad”.
Claro que poco va a ocurrir en tanto se frene el desarrollo político y operativo de la
descentralización. Antes de que asumieran los comuneros, el Ejecutivo creó –por
decreto 376– las Unidades de Atención Ciudadana (UAC), que funcionan en los otrora
Centros de Gestión y Participación (CGP) barriales. “Y toda la cuestión administrativa y
de atención a los vecinos, el control de servicios, no lo hace la Junta Comunal.
Prefirieron sacarles poder a las comunas”, evalúa la diputada María Elena Naddeo
(Frente Progresista y Popular). Otro problema es que “el Gobierno no estableció un
plan de convenios con las Juntas Comunales para establecer las facultades
concurrentes”, sigue Naddeo, para quien “para algunos temas se debería transferir
competencias, por ejemplo, en campañas de prevención sobre violencia y adicciones,
o en la gestión directa de actividades culturales, espectáculos, talleres”.
Se podrían descentralizar facultades en lo cultural si lo proponen los Consejos
Consultivos (la instancia participativa vecinal) y las Juntas Comunales firman convenio
con el Ejecutivo. “Pero el PRO no admite los reclamos de la oposición por mayor
presupuesto para las comunas –agrega Naddeo– Macchiavelli busca evitar por todos
los medios que avance la descentralización. No quieren la participación comunitaria.”
Esto se articula con el sostenido achique cultural en la ciudad que se refleja en el
cierre de espacios culturales, la magra promoción del arte comunitario, la
precarización de los talleres del Programa Cultural en Barrios, entre otros aspectos de
la gestión. “El PRO –dice Naddeo– reivindica los megaespectáculos, que le reditúan
mucha propaganda, y abandonó a su suerte los programas culturales donde hay más
participación directa de los ciudadanos.”
Julio Raffo, presidente del bloque Proyecto Sur, presentó un proyecto de ley para
descentralizar la aplicación de los recursos que financian las culturas de la ciudad.
“Proteatro y otros programas culturales se manejan desde Bolívar 1, y la mitad de
esos recursos, por lo menos, pueden ser aplicados con participación y control de las
Juntas Comunales”, asegura. Y suma una apostilla: “Las comunas tienen facultades
ejecutivas. Nosotros queremos que participen en el control de la seguridad, de la
cultura, no sólo en el arbolado o la iluminación de calles”. La pregunta de Raffo no es
sólo filosófica: “¿Qué mejor que la autoridad comunal, que conoce a los vecinos y al
centro cultural, para incidir en el destino de esos recursos? Pero la ceguera ideológica
del PRO le impide verlo”.
“El PRO tuvo que ir a elecciones porque lo intimó el Tribunal Superior de Justicia; no le
quedó otra y ahora quiere vaciarlas –asegura el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra–.
Los recursos los deriva a las UAC y la gente ¿a dónde va a ir? El esquema del PRO
perjudica incluso a sus comuneros. Están desconociendo una ley y la Constitución.” Y
remata: “Las comunas implican mayor participación y control, y el manejo de recursos
y herramientas que hoy centraliza el Ejecutivo. Y no hay peor cosa que tener
competencia y no poseer recursos para llevarla a cabo”.
Por Patricio Féminis