La gestión PRO hace licitaciones que permiten elegir
a quienes participan, según consigna un informe de la comunera
opositora Julieta Costa Díaz. Hay cuatro empresas que se quedaron con
todo. En total, las obras llegan casi a nueve millones de pesos.
Cuatro
empresas se reparten la mayoría de las licitaciones privadas que hace
la Secretaría de Gestión Comunal del gobierno de Mauricio Macri. Así lo
plantea la comunera del Partido Socialista Auténtico Julieta Costa Díaz
en un informe que hizo sobre las licitaciones de obras que, según
señala, son “competencia exclusiva de las comunas”, pero la gestión PRO
sigue haciendo centralizadamente. “El 95 por ciento de las obras
licitadas eran competencia exclusiva de las comunas”, remarcó la
comunera opositora. La licitación privada tiene como diferencia central
que permite al Estado elegir a cinco empresas para que oferten. Costa
Díaz le apuntó por el uso de este recurso a Eduardo Macchiavelli, el
funcionario a cargo del área. “De un total de 32 procesos licitatorios
el 35 por ciento lo hizo por el mecanismo de licitación privada,
repartiéndose entre cuatro empresas un total de 8.742.320”, advirtió. El
tope para una licitación privada –que ya Macri duplicó en 2011– es de
un millón de pesos.
Desde la Secretaría de Gestión Comunal negaron enfáticamente las conclusiones del informe de Costa Díaz. Señalaron que a las licitaciones se invió a cien empresas, de las que se presentaron 19 y se les adjudicó a nueve distintas. Destacaron que todos los procedimientos son legales.
“Tenemos record brutal de oferentes y retiros de pliegos. No hay otra dependencia del gobierno que tenga estas cifras”, indicaron en el área.
Sin embargo, Costa Díaz señaló en su informe que el 35 por ciento de esas licitaciones fueron privadas, es decir con un número acotado de oferentes y menor publicidad. Las licitaciones privadas tienen un tope. Cuando asumió, Macri lo incrementó a 500 mil pesos y en septiembre de 2011 duplicó el techo hasta un millón de pesos. “Comparado con otras administraciones provinciales, e incluso la Nación, es el monto más elevado para este tipo de contrataciones que son la excepción y no la regla”, advirtió la comunera. En Córdoba, el tope es de 380 mil pesos. En Santa Fe, de 400 mil. En la provincia de Buenos Aires, de 610 mil. El gobierno nacional tiene un límite de 800 mil pesos.
“La regla general es la licitación pública”, sostuvo Costa Díaz, quien argumentó que aunque la ley permita hacer licitaciones privadas no deben necesariamente ser utilizadas, salvo como un último recurso.
Interiores
La comunera recordó que el régimen de licitaciones prevé que se forme una Comisión Evaluadora de Ofertas y denunció que Macchiavelli designó a los integrantes de esa comisión por una resolución que nunca fue publicada en el Boletín Oficial. En diversas actas, Costa Díaz contó a cinco integrantes de esta comisión: dos abogados, un contador y dos arquitectas. “Desconocemos la idoneidad que motivó sus nombramientos. De la única que se puede conocer alguna actividad vía web, se sabe que es una prestigiosa decoradora de interiores”, acotó.Costa Díaz también recopiló una serie de irregularidades que encontró en las licitaciones privadas:
- En la comuna 12, el gobierno porteño hizo una obra de puesta en valor de la plaza Portugal. La obra fue preadjudicada a Instalectro por 657 mil pesos. Según señaló la comunera, esa plaza fue refaccionada por el Programa de Construcción Ciudadana el 22 de marzo pasado. Según concluyó la comunera hicieron dos veces la misma obra.
- Además, señaló que Macchiavelli hizo al menos una licitación privada que empezó por menos de un millón, pero donde los oferentes terminaron superando el tope. Es la licitación 223/2012, destinada a la “puesta en valor de la plaza Julio César Fumarola” y que fue presupuestada en 924 mil pesos. Se presentaron dos oferentes y ganó la empresa Mediterráneo S.A. Se la preadjudicaron por un monto de 1.106.542 pesos. “Eludieron de esta manera la licitación pública”, señaló Costa Díaz.
- La comunera también señaló que hubo desdoblamiento de obras para eludir una licitación pública. Señaló el caso de cuatro “esquinas de prioridad peatón”, que se ofertaron en cuatro licitaciones privadas. “Los llamados por esta obra son cuatro: es decir que el secretario de Gestión Comunal desdobló y fraccionó el llamado del objeto contractual para poder llevarlo a cabo bajo la modalidad de licitación privada (2.876.991 pesos)”, dice el informe. Tres de las cuatro licitaciones fueron preadjudicadas a la misma empresa: Altote S.A. “Tan burda es la maniobra que dos se publicaron en el Boletín Oficial con número correlativo y la Comisión evaluadora de Ofertas labró dos actas el mismo día a la misma hora para preadjudicar la obra”, indicó la comunera. En la gestión PRO, afirmaron que los expedientes siguieron caminos distintos y entraron al área de legales con dos días de diferencia. El tercero, cuatro días después.
- En una licitación privada la empresa Mediterráneo S.A. fue la única oferente. Superó el millón de pesos por 60 mil y la comisión le pidió que mejorara la oferta. Mediterránea la bajó a 7000 pesos por debajo del millón y fue preadjudicada. Según la ley de compras, el presupuesto no puede superar el 20 por ciento de lo planteado inicialmente. El monto que ofertó Mediterránea, según el acta de preadjudicación, era superior en un 19,57 por ciento. “Entre preadjudicada y adjudicada hay una distancia salvaje”, se defendían en la gestión PRO, donde dijeron que –de otro modo– tendrían que haber dado por caída la licitación y hacer adjudicación directa.
“Macchiavelli está haciendo obras que ni consultó con las comunas, cuando es una atribución exclusiva –advirtió Costa Díaz–. No cumplió ni con su propio plan de transferencia. Lo único que hizo es transferir los guardianes de plaza a su secretaría. No nos transfirió ni el personal.”
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